Glaciares: Qué cambios aprobó el Senado en la ley de preservación y el proyecto pasa a Diputados
El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares con 41 votos a favor. El proyecto busca equilibrar el federalismo y la producción sostenible.
El Senado de la Nación aprobó la modificación a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La votación registró 41 adhesiones, 31 rechazos y una abstención de la senadora neuquina Julieta Corroza.
Este resultado refleja un apoyo transversal, con legisladores de La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y algunos del interbloque kirchnerista como Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan). La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su definición final.
La sesión marca un hito en el debate sobre recursos hídricos y desarrollo productivo. El proyecto del Gobierno Nacional busca fortalecer la protección ambiental al tiempo que habilita actividades sostenibles. Críticos alertan sobre riesgos de fragmentación normativa, mientras defensores destacan el rol provincial en la gestión de recursos.
Posiciones a favor: Ambiente y economía
Senadores oficialistas y aliados defendieron la reforma como un avance hacia el federalismo ambiental. Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego) afirmó: “Se preservan las reservas hídricas permanentes”.
Él enfatizó que la meta radica en “armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema”. Coto añadió que el texto incorpora áreas al inventario del IANIGLA sin retirar protecciones existentes. “Todo sigue protegido”, concluyó.
Por su parte, Bruno Olivera Lucero, de San Juan, resaltó la claridad constitucional: “La Nación establece presupuestos mínimos, un piso que no anula el federalismo”. Él rechazó la dicotomía entre agua y minería: “El agua y la minería no son enemigos”.
Olivera Lucero criticó la ambigüedad actual: “Protegemos todo lo que no es agua, como una roca congelada a 4.000 metros”. Él cuestionó el enfoque del IANIGLA: “Se basa en imágenes satelitales, paraliza el desarrollo por presunciones”. Argentina resulta única en categorizar jurídicamente el ambiente periglacial, pregunta: “¿El resto de los países no protegen el medio ambiente?”.
La senadora salteña Flavia Royón subrayó: “No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger con estudios de campo”. Ella defendió el involucramiento provincial: “El cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses”.
Royón aportó datos precisos de San Juan: “El 94% del agua se destina al agro, 4% al consumo humano y 1,2% a toda la industria”. Segun la legisladora, esto demuestra que la minería consume mínimamente recursos hídricos.
Finalmente, Patricia Bullrich, jefa libertaria, cerró: “La Argentina cambia la historia para no seguir pobre”. Ella rechazó la lógica “ridícula” entre ambiente y economía: “No es agua o trabajo”.
Críticas: Riesgos de fragmentación y judicialización
En la vereda contraria, los opositores expresaron preocupaciones sobre la descentralización. Pablo Bensusán, de La Pampa, criticó las modificaciones tardías: “Vamos a fragmentar los criterios de conservación”. Él adviertió: “Hay 12 provincias en el sistema y habrán 12 criterios diferentes”. Bensusán calificó el enfoque de “anticientífico, irresponsable y un delirio”.
Maximiliano Abad, de la UCR de Buenos Aires, aseguró: “Esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros”. Él alertó sobre debilitar el IANIGLA: “Dejar en manos de provincias eliminar glaciares del inventario invierte la jerarquía normativa”.
Abad anticpó la judicialización: “Si este proyecto se convierte en ley, será pasible de recursos de inconstitucionalidad”. Él añadió: “Una empresa ve desorden y se va”.
Anabel Fernández Sagasti, del kirchnerismo de Mendoza, enfatizó irreversibilidad: “Si habilitamos explotar un glaciar, desaparece y tarda cientos de años en formarse”. Ella acusó: “Genera incertidumbre donde había certidumbre”.
Comunicado de CAEM: Compromiso con la Sostenibilidad
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) celebró la aprobación. Ellos destacaron: “Se trata de un paso fundamental para el país, ya que fortalece la protección de los recursos hídricos a la vez que habilita un desarrollo productivo responsable y sostenible”.
CAEM resaltó el compromiso minero: “La industria minera está totalmente comprometida con la preservación de los recursos hídricos, esto es, preservar el agua”.
El comunicado valora el apoyo multipartidario: “Logró el apoyo de diversos sectores del arco político, lo que refleja que su verdadero propósito es que la Argentina pueda poner en valor sus recursos, promover inversiones y generar empleo de calidad”. CAEM confía en una visión futura: “Esta decisión se tomó con una mirada puesta en el futuro y en la construcción de un desarrollo sostenible para todo el país”.
Además, enfatizan el rol provincial: “El proyecto reafirma el rol de las provincias como administradoras y protectoras de sus recursos naturales, fortaleciendo un federalismo ambiental efectivo”.
La actualización permite “focalizar en lo esencial: identificar con precisión qué áreas deben preservarse, determinar con claridad dónde es posible desarrollar actividades productivas y exigir que toda empresa cumpla con los más altos estándares ambientales”.
Implicaciones para la industria
La reforma transfiere autoridad a provincias para identificar glaciares funcionales hídricamente, basados en “elementos técnico-científicos”. Esto excluye áreas protegidas por la Ley 22.351 de Parques Nacionales. Defensores descartan vicios, recordando que recursos pertenecen a distritos.
El contexto incluye esfuerzos del Gobierno mileísta por inversiones millonarias en minería, con procesos extensos para reactivar la economía. Críticos temen influencia empresaria sobre mandatarios locales, priorizando al IANIGLA.
Opositores mencionan conflictos con el convenio Mercosur-Unión Europea, aprobado previamente. La reforma busca resolver “zonas grises” en la ley vigente, reduciendo judicialización e incertidumbre que paraliza inversiones.
Esta reforma representa un equilibrio delicado. Promete desarrollo sostenible, pero genera debates sobre uniformidad ambiental. El futuro depende de Diputados y posibles judicializaciones.
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