El proyecto reafirma el mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos. Fortalece el rol provincial en la evaluación de impacto ambiental, integra capacidades técnicas y científicas locales, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares. Esto permite contar con información precisa y actualizada para decisiones informadas.
La reforma responde al rumbo de desregulación y liberación de fuerzas productivas impulsado por el oficialismo. Avanza hacia un modelo de federalismo ambiental responsable y sostenible, según el Ejecutivo. Cumple compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, y atiende reclamos de provincias como Catamarca, Jujuy, Salta (Mesa del Litio) y Mendoza, San Juan (Mesa del Cobre). El Poder Ejecutivo solicita al Congreso un pronto tratamiento en sesiones extraordinarias para sancionar la ley, asegurar la correcta participación de provincias y ciudades, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico.
Perspectivas del sector minero
El sector minero celebra la iniciativa. En declaraciones a +E, Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, destacó la importancia de esta normativa para movilizar inversiones. "Hoy lo que está en discusión en la agenda pública y es lo que va a pasar es cómo se define todo el tema de Ley de Glaciares. Eso va a definir para mí si los anuncios de inversión se transforman en proyectos o quedan meramente en puros anuncios", dijo.
Por su parte, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitió un comunicado el mismo día, manifestando: "No hay dudas y el consenso es unánime: los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos deben protegerse".
Se manifiestan de acuerdo con proteger glaciares y ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, según el artículo 1° de la ley. Sin embargo, urge aclaraciones: no todos los glaciares cumplen esta función, y determinaciones deben basarse en estudios caso por caso, con opinión de expertos. Reclama definir el rol provincial, titular de recursos por Constitución.
"Una efectiva redacción, que elimine la incertidumbre existente, permitirá que actividades productivas y de desarrollo de infraestructura puedan realizarse en un marco de total respeto por el cuidado ambiental en general y del recurso hídrico en particular, permitiendo que miles de argentinos accedan a trabajar en actividades nobles e imprescindibles para la vida moderna, mejorando la calidad de vida de sus familias y contribuyendo al tan necesario desarrollo económico del país", enfatiza CAEM.
Final abierto
Organizaciones ambientales expresan alarma. Greenpeace manifiesta "profunda preocupación" ante el intento de modificación, argumentando que habilita minería de gran escala con alto impacto. Más de 25 organizaciones del país rechazan la reforma, señalando riesgos para dinámica natural del hielo, calidad del agua y manejo de sustancias tóxicas, prohibidos por el artículo 6 de la ley actual.
Milei anticipó que la modificación clarifica definiciones de zonas glaciares y periglaciares, con participación provincial. Si bien el comunicado enfatiza que el proyecto busca responder a los reclamos de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), no menciona a ninguna de las patagónicas, donde se encuentran los principales glaciares del país.
La reforma podría transformar el panorama minero, atrayendo inversiones y empleo, pero genera debate sobre equilibrio ambiental. Proyectos esperan resolución rápida en extraordinarias. Si aprueba, Argentina avanza en explotación de cobre y litio, clave para transición energética global. Sin embargo, opositores alertan sobre irreversibles daños a ecosistemas hídricos.
