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El proyecto que promete U$D559 millones de inversión. Foto: gobierno de Mendoza.
Impacto económico y proyecciones de producción
De obtener la luz verde, PSJ Cobre Mendocino proyecta iniciar su fase de construcción entre 2026 y 2027, con una entrada en producción estimada para 2028. La mina tendría una vida útil inicial de 16 años, extensible a 27 con la expansión de reservas, y un Opex anual de aproximadamente US$120 millones.
En términos de producción, se espera un promedio de 40.000 toneladas anuales de cobre fino, con picos de hasta 70.000 toneladas. Adicionalmente, se prevé procesar entre 151.000 y 241.000 toneladas de concentrado al año, con una ley promedio del 25% de cobre.
El impacto socioeconómico en la región será sustancial: se estima la creación de 3.900 empleos directos e indirectos durante la construcción y el mantenimiento de 2.400 puestos de trabajo durante la operación, con prioridad en la contratación de mano de obra local. Este desarrollo generaría una red de proveedores regionales, impulsaría la formación técnica y dinamizaría la economía de Uspallata y sus alrededores, fomentando encadenamientos productivos.
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La Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera se reunió nuevamente en el Ministerio de Energía y Ambiente. Foto: gobierno de Mendoza.
Pasos decisivos
La audiencia pública del 2 de agosto es un requisito indispensable para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), paso previo a la etapa de explotación. Se anticipa una participación activa de diversos actores, desde vecinos y comunidades hasta organizaciones sociales y cámaras empresarias, lo que augura un debate profundo sobre los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto.
“Como parte del proceso, comenzaron a trabajar en la redacción del informe final único que establece la legislación, donde se integrarán los dictámenes técnicos y sectoriales necesarios para emitir una opinión fundada sobre la viabilidad ambiental del proyecto”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal, en el marco de la reunión de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera que trabaja en el análisis técnico del informe de impacto ambiental del proyecto.
En paralelo, el proyecto busca encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta que, de ser aprobada, facilitaría su desarrollo con beneficios fiscales y aduaneros. Una vez finalizada la audiencia, se elaborará un informe técnico que será la base para el dictamen de la autoridad ambiental provincial, sujeto a la aprobación de la Legislatura mendocina.
