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La discusión de la ley de inversiones hidrocarburíferas entró en una nueva grieta de la que es difícil de salir en estos tiempos poselectorales. El texto está empantanado por la política, con dos visiones que se combaten y sin un rumbo claro desde lo energético, algo que están pidiendo desde distintos sectores de la economía nacional.
En suma, hay una visión con pretensiones de “federalismo”, impulsada por el oficialismo del Frente de Todos, y otra que critica aspectos, aparentemente sesgados del proyecto, que perjudicarían la autonomía de las provincias. Esa es la visión de los diputados del bloque de Juntos por el Cambio.
En tanto que las operadoras que integran la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) se reunieron la semana pasada para unificar una postura frente a este proyecto de ley de promoción de inversiones que divide aguas y que se presentó luego de la derrota del gobierno nacional durante las elecciones PASO.
“La ley de hidrocarburos, que no se trata y que entró por el Senado, es una muy mala ley porque hace girar los beneficios en torno al incremental de producción. Con lo cual algunas cuencas salen ganando y a otras, las maduras, como la nuestra del golfo San Jorge, no las incrementa porque las inversiones son para mantener la producción. Eso hace que se generen desigualdades y desequilibrios regionales”, dijo Gustavo Menna a +e, diputado nacional por la provincia de Chubut por el espacio del macrismo.
El legislador fue claro y dijo que el proyecto de ley es “antifederal” debido a que “dar o no dar esos regímenes de promoción, de aprobar o desaprobar proyectos, lo da un órgano nacional (la Secretaría de Energía de la Nación) y las provincias no tienen representación”.
Menna dijo que el proyecto de ley “tiene cuestiones insólitas, por ejemplo, el impuesto a los combustibles donde le permite a YPF diferir el pago de ese tributo cuando en realidad es una agente de retención de ese impuesto, del consumidor que carga combustible le permite pagarlo en tres años y no pagarlo si tiene quebrantos financieros, lo cual es una ley con nombre y apellido para una empresa que no es estatal, es una sociedad anónima donde sí es cierto que el Estado nacional tiene mayoría accionaria. Pero con eso está favoreciendo al 49% restante de los accionistas donde ni siquiera son residentes argentinos”.
En tanto, el legislador kirchnerista por Neuquén, Guillermo Carnaghi del Frente de Todos, aliado político del gobierno de Alberto Fernández y del secretario de Energía, Darío Martínez, defendió a ultranza el proyecto, con duras críticas hacia el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez.
Se hizo eco de una nota de +e que reprodujo declaraciones del gobernador, quien manifestó en aquel tiempo, desconocer el texto de la ley, clave para el futuro de la industria petrolera en los próximos 20 años.
“Me llamó la atención que el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, haya manifestado que no conocía el proyecto, ya que hubo reuniones con todos los ministros de Energía de las provincias productoras -incluido el de Neuquén, Alejandro Monteiro- para tener un ida y vuelta sobre el proyecto que estaba redactando el gobierno nacional, y el secretario de Energía se reunió en más de una oportunidad con el gobernador de la provincia para conversar sobre el proyecto que se estaba redactando”, aseveró.
“Martínez y su equipo mantuvieron primero reuniones conjuntas con cada uno de los actores, y luego el equipo del secretario realizó encuentros individuales, para contarles sobre el borrador que se estaba construyendo, y después conocieron del propio equipo cómo había quedado el proyecto que ya está en manos del presidente”, decía, encontes, el diputado neuquino.