De La Espriella promete reactivar los contratos de exploración. Como mandatario, podrá decretar algunos cambios como la simplificación de trámites, la reducción de tiempos en licencias y las consultas con comunidades.
No obstante, otros temas —como aprobar el fracking, modificar el sistema de regalías e impulsar cambios estructurales a los contratos o modelos de explotación del subsuelo e incentivos tributarios— deberán pasar por un Congreso dividido, donde el nuevo gobierno enfrentará la oposición del partido de Petro.
Luz Stella Murga, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), y Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y el Gas (ACP).
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Los cuellos de botella
"Necesitamos destrabar todos los cuellos de botella que están muy asociados a temas de consultas previas, a decisiones administrativas y a demoras en las licencias ambientales", señaló Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), en declaraciones a Reuters.
Un ejemplo de esas demoras es el proyecto Sirius, que desarrollan en el Mar Caribe colombiano la estatal Ecopetrol y la brasileña Petrobras. El contrato se firmó en 2004 y la producción de gas recién comenzaría en 2030, ya que el proyecto todavía requiere completar 120 consultas previas.
Los números de la parálisis
Entre 2023 y 2025, la inversión extranjera en minería y petróleo cayó 34%, hasta unos 6.900 millones de dólares. En el mismo período, la producción petrolera bajó 4%, a 746.000 barriles promedio por día, mientras que las reservas de crudo disminuyeron en 54 millones de barriles, hasta 2.020 millones de barriles.
Las importaciones de gas natural, por su parte, pasaron de representar el 3% del consumo nacional en 2023 al 31% en la actualidad. A esto se suma un fuerte deterioro de la seguridad: en 2025 se registraron 580 ataques contra instalaciones del sector petrolero, entre ellos oleoductos y bloqueos a campos.
Naturgas, por su parte, tiene identificados 11 proyectos estratégicos en la industria del gas para garantizar el abastecimiento del país, según precisó Murgas.
Un tren de carbón procedente de la mina de Cerrejón, en Colombia, descarriló a causa de un atentado con bomba perpetrado por la guerrilla en 2008.
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A los cuellos de botella regulatorios se suma la inseguridad en los territorios, donde operan decenas de grupos armados ilegales que suman alrededor de 25.000 integrantes, un factor que los expertos consultados consideran clave para combatir.
Medidas "completas, agresivas y rápidas"
"Las medidas tienen que ser completas, agresivas y rápidas", planteó Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). "Si tenemos un conjunto de condiciones de inversión donde falta alguna de las variables clave, el entorno no va a ser atractivo y es posible que no atraigamos esos recursos".
Desde el sector proponen además un programa de atracción de inversiones que incluya estabilidad jurídica y tributaria, junto con incentivos económicos similares al RIGI que implementó Argentina en 2024 y que dinamizó su industria petrolera.
"Esta industria es intensiva en capital y todas las decisiones que tomemos hoy se van a ver reflejadas en cinco, diez y quince años", sostuvo Nelson Castañeda, presidente del gremio Campetrol.
La minería, a la espera de la fase de inversión
En minería de oro, cobre, carbón y níquel, Colombia cuenta con cinco proyectos en fase final de exploración o ya licenciados que, por la incertidumbre jurídica y política del gobierno de Petro, no lograron pasar a la fase de inversión y construcción, explicó Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.
Camión minero transporta carbón en la mina de Cerrejón, cerca de Barrancas, en el departamento de La Guajira, en 2007.
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"La materialización de las inversiones está a la vuelta de la esquina y pueden ser en los cuatro años de gobierno entre 3.600 y 4.000 millones de dólares de inversión", afirmó Nariño.
El riesgo de la judicialización
Pese al optimismo empresarial, es muy probable que cualquier cambio orientado a agilizar los trámites termine demandado ante las autoridades, lo que generaría mayores demoras.
"El próximo gobierno enfrentará mayores protestas ciudadanas a los esfuerzos de acelerar los proyectos de transmisión o estructuración de nuevos proyectos. No habrá camino legal viable para simplificar, acelerar o eliminar las consultas previas", advirtió la consultora Colombia Risk Analysis.
El desafío que asume De La Espriella queda planteado: capitalizar el apetito inversor internacional en un escenario político dividido y con antecedentes recientes de freno judicial a los cambios regulatorios.
FUENTE: Reuters
