Advierten que el nuevo esquema de subsidios de Milei "borra" a la clase media y arriesga una judicialización
Un informe enciende las alarmas sobre la fragilidad legal del procedimiento y el impacto directo que tendrá sobre los hogares de ingresos medios, quienes perderán la protección del Estado casi en su totalidad.
El gobierno de Javier Milei decidió pisar el acelerador en su política de ajuste en el sector de la energía. El Ejecutivo prepara el terreno para desmantelar el actual sistema de segmentación tarifaria (los conocidos niveles N1, N2 y N3) y reemplazarlo, a partir del 1° de enero de 2026, por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Sin embargo, esta transición puede ser traumática. Un reciente análisis de la consultora Paspartú, dirigida por el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales, indica que es "promisorio y conveniente la búsqueda de unificación de criterios y regímenes dispersos y superpuestos, así como una implementación más ágil y transparente de la categorización de usuarios beneficiarios, pero enciende las alarmas sobre la fragilidad legal del procedimiento y el impacto directo que tendrá sobre los hogares de ingresos medios, quienes perderán la protección del Estado casi en su totalidad.
El fin de la "clase media" energética
El núcleo del cambio radica en la eliminación de categorías. El gobierno borrará del mapa la clasificación actual para crear una única categoría de hogares beneficiarios. El criterio será puramente económico: solo recibirán ayuda aquellos grupos familiares cuyos ingresos no superen las 3 Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC.
Aquí reside el punto más crítico del informe de Paspartú. La consultora augura un "creciente descontento social", dado que la simplificación del esquema implica que una masa crítica de usuarios, hoy catalogados como N3 (ingresos medios), quedarán excluidos del sistema de bonificaciones.
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A partir del 1° de enero de 2026 el gobierno nacional implementará el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
El informe pone números a esta exclusión: un hogar tipo de cuatro integrantes solo calificará para la asistencia si gana menos de $3.641.400 aproximadamente. Para los especialistas de Paspartú, este umbral "no implica un nivel de ingresos abultado", especialmente en las regiones del país donde el costo de vida supera la media nacional. La clase media, en la práctica, deberá afrontar el costo pleno de la energía.
La sombra de la judicialización: ¿Un error no forzado?
Más allá del impacto en el bolsillo, el informe de Carbajales detecta una debilidad estructural en la estrategia legal del gobierno que podría derivar en un freno judicial. La Secretaría de Energía optó por un mecanismo de Consulta Pública en lugar de convocar a una Audiencia Pública presencial para validar estos cambios.
Si bien esta táctica permite al gobierno cumplir con los plazos administrativos antes de enero, Paspartú califica la decisión como crítica y riesgosa. Al evitar la audiencia, el Ejecutivo se expone a una "eventual judicialización del acto administrativo" por incumplir los criterios que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fijó en el célebre fallo "CEPIS" de 2016, que frenó los tarifazos de la gestión Macri.
Plazos exprés y dudas sobre la transparencia
La premura del gobierno también genera suspicacias sobre la calidad institucional del proceso. Los plazos que maneja el oficialismo son exiguos: la ciudadanía tiene apenas 15 días hábiles (hasta el 22 de diciembre) para opinar, y el Gobierno se reserva solo 5 días para procesar esas observaciones y dictar la norma.
Para Paspartú, estos tiempos dejan una "incógnita abierta respecto de la eficacia del procedimiento" y cuestionan si la participación ciudadana tendrá alguna "verdadera injerencia" en la decisión final o si se trata de un mero trámite burocrático.
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La reducción de subsidios es la gran batalla que quiere dar el Gobierno de Milei.
Qué cambia en la factura: Topes y Precios
El nuevo régimen SEF no solo restringe quién entra, sino cuánto consume. El esquema propone:
Electricidad: Un bloque base subsidiado de 300 kWh/mes en periodos de alto consumo y 150 kWh/mes en bajo consumo.
Gas: Topes definidos por zona bioclimática.
Bonificación: El Estado subsidiará el 50% del consumo base, eliminando la gratuidad total sobre los bloques subsidiados.
A esto se suma una liberalización de los precios mayoristas. En gas (PIST), se adoptará un precio único anual de 3,79 USD/MMBTU, eliminando la estacionalidad del "Plan Gas.Ar", lo que dolariza y estandariza el costo base del sistema.
El gobierno de Milei avanza hacia la normalización del mercado con una lógica de shock: unificar padrones, cruzar datos y reducir el gasto fiscal. Sin embargo, el reporte de Paspartú deja en claro que la combinación de exclusión social (a la clase media) y debilidad jurídica (falta de Audiencias Públicas) configura un escenario de alta conflictividad para el inicio de 2026. La eficiencia técnica que busca el equipo energético podría chocar, una vez más, con la realidad social y los tribunales.
