Según informó Infobae, la sesión celebrada en el edificio de la Corte Thurgood Marshall atrajo a casi doscientos asistentes entre abogados, asesores y especialistas. Se vivió un clima de máxima expectativa en un caso que no solo implica un monto extraordinario, sino que también podría fijar un precedente global en materia de expropiaciones y jurisdicción internacional.
Un duelo jurídico con impacto financiero
La audiencia tuvo una duración cercana a las dos horas. Para los mercados, la performance argentina fue sólida: la acción de Burford llegó a caer casi un 10% durante la tarde en Buenos Aires, reflejando una lectura inicial poco favorable para los demandantes.
Giuffra organizó su defensa sobre tres pilares: el derecho público argentino, las reglas societarias de YPF y la metodología del cálculo de los daños. Sostuvo que el fallo del Distrito Sur de Nueva York fue “el más alto jamás dictado contra un Estado soberano” en ese tribunal y que los reclamos están regidos exclusivamente por derecho argentino.
La Procuración del Tesoro celebró la presentación del equipo nacional y señaló que el caso se basa en “ficciones jurídicas” que deben ser descartadas por la Cámara. También destacó que la Corte de Apelaciones tiene la responsabilidad de “aplicar el derecho argentino correctamente”.
Los jueces consultaron en reiteradas ocasiones sobre la diferencia entre derechos públicos y privados, y cómo esto determina qué tribunal debe resolver los reclamos. Argentina argumentó que los accionistas minoritarios debieron recurrir a los canales previstos por la legislación local, como lo hicieron otros grupos que llevaron el caso ante tribunales administrativos.
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REUTERS/Agustin Marcarian
La posición de los demandantes
El representante de Burford, Paul Clement, aseguró que Argentina y YPF ofrecieron garantías internacionales en 1993 cuando la empresa salió a cotizar en New York. Afirmó que esa promesa incluía una oferta pública obligatoria si el Estado retomaba el control, y que dicho compromiso alcanzaba no solo a los accionistas originales, sino también a quienes compraron después.
Clement rechazó que existiera obligación de litigar únicamente en Argentina y denunció riesgos procesales en el país. Según su visión, el incumplimiento de los estatutos constituye una violación contractual que debe repararse en el fuero estadounidense.
El debate se profundizó con múltiples preguntas sobre si existe un vínculo bilateral exigible en la justicia norteamericana. Burford sostiene que sí, mientras que el Estado remarca que los estatutos regulan únicamente sanciones internas de gobernanza empresarial.
La discusión económica en New York
Uno de los ejes más tensos de la audiencia fue el cálculo de los daños. Argentina insistió en que las acciones involucradas cotizaban en pesos y que la compensación debía fijarse en moneda local y a la fecha de sentencia, no con el método utilizado por Preska.
Además, Giuffra recordó que Repsol recibió un pago de 5.000 millones de dólares tras la expropiación, lo que resolvió los reclamos de quienes resultaron directamente afectados. Aseguró que los demandantes eligieron litigar en Estados Unidos para buscar un resultado más beneficioso.
Los jueces también cuestionaron la demora en plantear algunos argumentos en instancias anteriores y preguntaron cuánto tiempo lleva el caso activo. El abogado del Estado explicó que la discusión comenzó en 2015, inicialmente limitada a cuestiones de inmunidad soberana.
El tribunal evitó dar señales sobre su orientación final, algo habitual en estas instancias. Tanto los abogados de Argentina como los de Burford reconocen que las preguntas incisivas no siempre anticipan una decisión.
El fallo podría conocerse en los próximos meses y marcará el destino de miles de millones de dólares, en una causa que mantiene en vilo a los mercados, la política y la industria energética argentina.
