Un decreto oficial faculta al Ministerio de Economía a ajustar hasta 50% el recargo que financia subsidios al consumo residencial de gas.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo decreto que le otorga al Ministerio de Economía la facultad de aumentar o reducir hasta un 50% el recargo aplicado al gas natural, mecanismo destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
La medida quedó plasmada en una norma firmada por el presidente Javier Milei, que transfiere al Palacio de Hacienda una herramienta sensible dentro del esquema tarifario. Hasta ahora, esa atribución recaía formalmente en el Poder Ejecutivo Nacional.
El cambio ocurre en momentos en que la administración libertaria busca profundizar la revisión del sistema de subsidios energéticos, reducir gastos y concentrar decisiones estratégicas en áreas clave de gestión económica.
El recargo en cuestión surge del artículo 75 de la Ley 25.565. Allí se estableció un adicional de hasta 7,5% sobre el precio del gas natural en el PIST, que se aplica al volumen consumido o comercializado por redes y ductos en todo el país.
Ese fondo fue creado para compensar consumos residenciales y sostener esquemas diferenciales en zonas alcanzadas por regímenes especiales. Con el nuevo decreto, Economía podrá mover ese porcentaje con mayor rapidez operativa.
Según el texto oficial, la cartera económica tendrá margen para aumentar o disminuir el nivel del recargo hasta un 50%, con las modalidades que considere pertinentes. Es decir, podrá ajustar el cargo sin necesidad de otro decreto presidencial específico.
En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la modificación responde a “razones operativas” y a la necesidad de mejorar la administración del fondo para cumplir metas de política pública en materia energética.
También remarcó que el ejercicio de esa facultad resulta “impostergable” para una mejor gestión. La señal política es clara: centralizar herramientas regulatorias en el ministro de Economía para acelerar decisiones.
La administración de Javier Milei viene avanzando sobre distintos instrumentos vinculados con tarifas de servicios públicos, subsidios y precios regulados, en línea con su objetivo de reordenamiento fiscal y menor intervención estatal.
Aunque el decreto no implica una suba automática en la tarifa de gas, sí abre la puerta a futuros cambios en uno de los componentes que integran el costo final que pagan usuarios y empresas.
Si Economía decidiera incrementar el recargo, crecerían los recursos destinados al fondo fiduciario. Si optara por reducirlo, aliviaría parte de la carga sobre el sistema, aunque con menores fondos para compensaciones.
El decreto estableció que la medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, por lo que la nueva facultad quedó operativa de manera inmediata para el Ministerio de Economía.
Además, el régimen legal que sustenta este fondo fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031, lo que garantiza continuidad normativa para una herramienta central en el esquema de subsidios residenciales del gas argentino.