Un acceso histórico sin permiso ambiental
El núcleo del conflicto es territorial, logístico y profundamente político. Aunque el yacimiento se asienta en suelo sanjuanino, su ingreso histórico y operativo —desde hace más de 15 años— se realiza de manera exclusiva a través de la localidad riojana de Guandacol, lo que sostiene un flujo vehicular y de maquinaria pesada masivo sobre el territorio de La Rioja sin que eso se traduzca en compensaciones socioeconómicas para la zona.
Actualmente, más de 600 vehículos —entre camiones y camionetas— transitan por rutas provinciales riojanas como traza obligada para llegar al campamento denominado Batidero. Ese flujo, según la posición riojana, opera sin los permisos ambientales exigidos por la legislación local.
Ante la jueza Decker, el gobierno de La Rioja expuso que la biodiversidad de toda una región estaba en peligro por la omisión de Vicuña de presentar el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades riojanas.
La resolución judicial detalla que ese tránsito "entraña riesgos ambientales como afectación de suelos, de cursos de agua, de infraestructura vial, o la eventual circulación de sustancias peligrosas, todos ellos bienes colectivos cuya tutela corresponde a esta jurisdicción".
El tramo en cuestión abarca 140 kilómetros que discurren por las localidades de Guandacol, Santa Elena, Zapallar, La Cuevas y La Ciénaga, en los departamentos General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.
Un argumento clave refuerza la posición riojana: Vicuña no incluyó en el Informe de Impacto Ambiental aprobado por San Juan los efectos sobre el glaciar El Potro, próximo al proyecto Josemaría. Tampoco aceptó una evaluación conjunta entre autoridades sanjuaninas y riojanas para ese proyecto, hoy integrante del distrito Vicuña. En ese marco, según la interpretación jurídica del fallo, la empresa no cuenta con ningún permiso ambiental para los 140 kilómetros que transita por territorio riojano.
Empleo prometido, empleo negado
Detrás de la disputa ambiental existe una herida más antigua y más profunda: la exclusión laboral. El ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, fue categórico: "Hace más de 15 años el acceso al proyecto es por La Rioja, por Guandacol. Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante". Y precisó el reclamo central: "Ese impacto tiene que ser compensado con empleo, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños".
El intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda, lo expresó con dureza en declaraciones a Canal 13 de San Juan: "El proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. Hace más de 15 años que transitan por acá y venimos pidiendo trabajo para nuestra gente, pero fuimos postergados".
En zonas como General Lamadrid, la promesa de empleo local no derivó en contrataciones concretas, incluso después de programas de capacitación impulsados con ese objetivo. Un dato matiza parcialmente la situación: en el momento del corte de acceso de marzo pasado, alrededor de 160 trabajadores riojanos se desempeñaban en el proyecto minero. Una cifra que las autoridades locales califican de insuficiente para la magnitud del emprendimiento.
La situación se agravó cuando se conocieron los detalles del RIGI presentado por Vicuña: la inversión postulada ante la Nación no preveía, por ejemplo, un derivador de tránsito en Guandacol —prometido en reiteradas oportunidades— para evitar que todo el flujo vehicular cruce esa ciudad.
Una escalada en tres frentes
El conflicto no se limita a la disputa ambiental y laboral. Vicuña tiene un segundo frente abierto vinculado al manejo de la energía: la Resolución N° 079/26 del ENRE otorgó al proyecto la prioridad de acceso sobre el 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea eléctrica Nueva San Juan-Rodeo, operando en 500 kV, por los próximos 25 años.
La medida desató una reacción en cadena. Las empresas mineras Los Azules, Casposo y Hualilán, el EPRE sanjuanino y los municipios de Iglesia y Jáchal se opusieron formalmente. La Rioja se sumó con el argumento de que "legalmente, no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una obra que tiene naturaleza de bien público federal y que fue proyectada para la interconexión regional".
Ante ese escenario, San Juan y Vicuña avanzaron en un acuerdo que se presentaría en la audiencia pública convocada por el ENRE, prevista para fines de abril o los primeros días de mayo, posiblemente tras la Expo Internacional San Juan Minera.
El tercer frente es el más reciente y el más disruptivo: la decisión judicial que habilita retenes policiales y suspende las obras por un mes. El gobierno riojano no descarta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si el conflicto no encuentra resolución en instancias inferiores.
Un modelo a debate
El caso Vicuña deja una señal clara para toda la industria minera argentina: cuando la infraestructura se diseña en función de un proyecto dominante, el riesgo de exclusión y conflicto deja de ser potencial y pasa a ser inmediato.
El gobierno riojano subraya que lo que exige a Vicuña no es diferente de lo que otras empresas ya cumplen en su territorio. Cita como ejemplo que Lundin, a través de NGEX, se ajusta a las normativas y leyes riojanas, al igual que más de una docena de empresas mineras que exploran en la provincia. La conclusión de las autoridades es contundente: el tamaño del proyecto no puede ser argumento para eludir las mismas reglas que rigen para todos.
Con 800 millones de dólares presupuestados para 2026 en tareas de ingeniería, la compañía confirmó que la construcción de la primera etapa comenzaría en el primer trimestre de 2027, con foco en el yacimiento Josemaría.
La paralización judicial amenaza ahora ese cronograma. Lo que estaba llamado a ser el mayor proyecto cuprífero de Argentina enfrenta su prueba de fuego más difícil —y esta vez, no en el yacimiento, sino en los tribunales de Chilecito.
