Con la finalidad de garantizar continuidad laboral, los dos gremios con más peso en la industria petrolera aceptaron la propuesta de las operadoras y empresas de servicios. Un salario básico y una vianda alcanzará a 20 mil trabajadores de la Cuenca Neuquina y 10 mil de la zona chubutense en el Golfo San Jorge que están en condición de suspendidos ante la crisis global del crudo y el paro de actividad en los yacimientos.
El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, informó los detalles del acuerdo y los motivos por los que se firmó. Si bien hay consenso con Chubut en la letra gruesa, falta alcanzar un entendimiento con Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Federación y los jerárquicos. Por eso se dio espacio hasta el lunes para la firma (ver aparte).
“No encontramos la solución deseada por todos. No fue una negociación. Ellos (las empresas) elevaron un proyecto a todos los sindicatos del país, quisimos cambiar algunas cosas. Pero la situación es gravísima”, explicó Pereyra. “Es lo que hay y es lo que están dispuestos a firmar por 60 días”, afirmó el dirigente sindical.
Desde Chubut, su par Jorge Ávila también considera clave la continuidad laboral. “En el acuerdo que vamos a firmar, la rotación tiene que estar garantizada y ahí debe figurar que van a estar los contratados adentro mientras dure la pandemia. Hoy, el logro más importante es poder mantener la relación de dependencia”, dijo en contacto con una radio de Comodoro Rivadavia. “Para el trabajador debemos garantizar una estabilidad, una obra social y que estén contenidos”, añadió el sindicalista chubutense.
El dinero que les corresponde a los trabajadores está enmarcado en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo: será equivalente al salario básico establecido en las escalas salariales vigentes correspondiente a la categoría de cada trabajador, más una “vianda ayuda alimentaria” que será liquidada por cada día hábil del mes o según diagrama de trabajo teórico. Esta vianda se liquidará por separado.
Respecto de los trabajadores que no se encuentren en situación de suspensión por la pandemia, se acuerda que sus jornadas de trabajo podrán ser reorganizadas. “La reorganización podrá consistir en la asignación de una jornada a tiempo parcial o de una jornada que sea menor a 48 horas semanales”, indica el documento firmado por los gremios.
El acuerdo tiene vigencia entre el 1° de abril y el 31 de mayo, con reuniones periódicas para monitorear el cumplimiento y evaluar la crisis.
¿El acuerdo es el mejor en el contexto de debacle de la industria? Así lo piensan Pereyra y Ávila. Sin embargo, el personal jerárquico y gremios como el de Santa Cruz pusieron reparos a la letra del documento enviado por la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).
El grueso de los sindicatos que agrupa a este sector del personal buscará achicar las diferencias de cara al lunes. Según pudo saber +e, las quejas planteadas a las empresas pasan por el echo de que, en la oferta vigente, la suma que percibirían no guardaría una distancia equivalente a la que tienen hoy con el resto del personal. Y eso es lo que buscarán remarcar.
La propuesta, tal como describen sus considerandos, busca atemperar “el efecto devastador de la pandemia”. En ese apartado, se indica que tras decretarse el aislamiento social “se produjo una caída automática del nivel de actividad de las empresas representadas por la CEPH y la CEOPE, motivada por la crisis (del coronavirus) y por la circunstancia de fuerza mayor que obligó a la población en general a permanecer en sus hogares en pos de priorizar el cuidado de su salud”. Y continúa: “Desde aquel momento se encuentran sin ocupación efectiva una determinada cantidad de trabajadores”.
“La coyuntura explicitada debe entenderse y analizarse enmarcada en la crisis internacional que condiciona e impacta negativamente en la industria hidrocarburífera”, apuntan la CEPH y la CEOPE en la propuesta. Además, recuerdan los efectos negativos del DNU 566/19 que determinó el congelamiento del precio de los combustibles, que ya había provocado una paralización de las inversiones y proyectos.
“Estos factores indudablemente tienen una influencia negativa en el mercado laboral sectorial”, indican los considerandos de la propuesta salarial que se puso a disposición de las organizaciones sindicales.