Consideran que lo peor es cómo se genera un mal clima para atraer inversiones. Esto, para el caso de las “grandes”, aquellas cuyo capital proviene del flujo de caja de sus negociones en todo el mundo, que habían tomado la opción de invertir en Vaca Muerta a un ritmo de entre 3000 y 5000 millones de dólares anuales en el último trienio.
Pero las nuevas restricciones en el acceso a dólares para quienes tienen deudas que refinanciar, suma una cuota adicional de incertidumbre. El cuadro de situación puede llegar a ser muy diferente para decenas de pymes que hayan asumido deudas en dólares, cuyos pagos ahora deberán refinanciar y adecuar a las restricciones que impone el BCRA para impedir la gran sangría de dólares.
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En YPF afirman que la empresa ya refinanció buena parte de su deuda en dólares. No obstante, tiene compromisos que asumir en los que podría necesitaría readecuar esas devoluciones a las nuevas disposiciones, o hacer pagos con su caja propia, algo que preferiría utilizar para incentivar la producción que necesitará el país en los próximos meses.
De acuerdo con lo que definió el BCRA, solo podrá tomar algo así como el 40% de los dólares que necesita en la plaza local y el resto tratar de refinanciarlo, si es que optara por esa definición.
Sin embargo, hay otra preocupación que trasciende lo económico en la industria petrolera y es la incongruente serie de indefiniciones, más relacionadas con la política que con el actual ciclo de crisis económica.
El Plan Gas 4, ese proyecto íntimamente ligado al nivel de reservas en dólares para el país, ahora en instancia de readecuación; la declaración de Metrogas, principal distribuidora del país que no pagará la friolera de 7500 millones de pesos a grandes productoras; el freno a pagos millonarios que se desprenden de la no convalidación del decreto 1053/2019, que estableció pagos por la devaluación de la moneda y su impacto en la tarifa de gas durante el macrismo, son un cóctel difícil de superar a la hora de generar condiciones estables para que el gobierno nacional encuentre en Vaca Muerta las respuestas que dice que irá a buscar.
El secretario de Energía, Darío Martínez, viene dialogando con las principales operadoras del país, pero su falta de designación en el cargo, a 15 días de la noticia pública, dan en el sector petrolero también una mala señal en un contexto sin certezas y con una de las arenas más movedizas que se recuerden. En ese contexto, la falta de un liderazgo político más claro en el sector energético y las decisiones que pongan en hechos el diagnóstico de incentivar “exportaciones” para que entren los dólares que necesitará el país son un escollo tan o más severo que la complicación adicional de restringir el acceso a divisas para el pago de deudas.
Esto, en medio del acuerdo que la industria busca tejer con los sindicatos.
El otro debate: impuesto a la riqueza
El presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, Carlos Heller, estimó el jueves que la semana próxima se avanzará con el proyecto de aporte solidario. Espera que el lunes se firme el dictamen de la iniciativa impulsada por el oficialismo para llevarlo al recinto en la próxima sesión.
El proyecto establece que el 25 por ciento delo que se recaude sea destinado a la producción y exploración en yacimientos de gas de todo el país a través de IEASA (Integración Energética Argentina SA) la ex Enarsa, que canalizaría los fondos para que YPF pueda destinar a sus áreas productoras.
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La cifra redondearía unos 75 mil millones de pesos. Sería algo así como un parche, si bien canalizado a través de una sola empresa, para el otro frente que dispuso el bloque kirchnerista con el decreto 1053 del gobierno de Mauricio Macri.
Sería una alternativa adicional para garantizar la posible obtención de recursos para ese escenario que busca evitar el gobierno nacional: el de transferir más dólares en compras de gas al exterior, algo que al mismo tiempo busca con el Plan Gas 4, el subsidio en reevaluación en Economía.
