El pronunciamiento busca despejar dudas sobre el horizonte de la empresa y reafirma la adhesión a la normativa nacional que penaliza la operación no autorizada en territorios disputados. En el texto, la firma sentenció su postura de manera categórica:
"En línea con este compromiso y con el marco legal establecido por la Ley N.º 26.659, modificada por la Ley N.º 26.915, y el Decreto N.º 868/2026, Nabors International Argentina S.R.L. no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación para la prestación de servicios de perforación destinados a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes".
El peso del marco legal
La legislación citada por la empresa (la Ley 26.659 y sus modificatorias) es el pilar de la política estatal argentina para disuadir la actividad de empresas transnacionales en el archipiélago sin la aprobación de Buenos Aires. Esta normativa establece inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para aquellas compañías —y sus filiales— que desarrollen actividades de exploración y explotación petrolera en la plataforma continental argentina sin contar con los permisos emitidos por la Secretaría de Energía de la Nación.
Más allá de su rotunda negativa a operar en los espacios marítimos de Malvinas, la compañía estadounidense aprovechó la difusión del documento para enviar un mensaje de estabilidad a sus socios y clientes en el territorio continental, donde tienen una fuerte presencia en Vaca Muerta.
Sobre su rol en el país, el comunicado oficial de la firma concluye: "Nabors International Argentina S.R.L. se enorgullece de su presencia en Argentina y del rol que desempeñan sus equipos en apoyo a la industria energética del país. La compañía reafirma su compromiso de continuar prestando servicios a sus clientes y contribuyendo al desarrollo seguro, eficiente y responsable del sector energético argentino, en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables".
Las principales empresas de servicios petroleros que operan en suelo argentino se han manifestado en el mismo sentido, en medio de las tensiones geopolíticas alrededor del proyecto petrolero británico Sea Lion en Malvinas, como forma de priorizar la seguridad jurídica y la continuidad de sus operaciones en los yacimientos argentinos.
