La terminal había sido desafectada por el juez a partir de un reclamo realizado por una vecina, que planteó que "había una situación de peligro de muerte urbana masiva por estrago de incendio o explosión de Gas Natural licuado".
En su presentación, Martínez realizó un análisis técnico de los graves efectos que tendría sobre el abastecimiento en invierno a la demanda de GNL, el mantenimiento de la clausura Judicial que determine la indisponibilidad operativa de la terminal de Escobar.
La estrategia de la Secretaría de Energía es apuntalar con esta presentación las acciones judiciales que viene realizando YPF, propietaria de la terminal, que opera en sociedad con IEASA, a la que se sumarán otras presentaciones, informes y peritajes, que producirán y presentaran otros organismos como Enargas, IEASA y la propia YPF.
Además de un análisis de la estimación de la demanda, el informe explica el efecto que esta situación generaría en materia de costos inalcanzables en materia de necesidad de divisas, costo fiscal, precio inaccesible de la generación eléctrica, sobre costo general para la economía nacional y los usuarios, y daño ambiental que generaría la utilización desmesurada de combustibles líquidos en reemplazo del Gas faltante.
Finalmente como conclusión, Martínez reclamó al juez “ que es imprescindible el levantamiento de la clausura y plena actividad de la terminal regasificadora de la localidad de Escobar, ya que de lo contrario se produciría ineludiblemente la utilización extrema de combustibles líquidos altamente contaminantes, con correlativo y desmesurado costo adicional de divisas y pasivos ambientales"
En otro tramo, afirma que "simultáneamente se pondría en riesgo el sistema de abastecimiento nacional y el servicio público de gas por redes, generándose un costo fiscal no previsto en el presupuesto nacional e imposible de afrontar por el Tesoro Nacional, como asimismo un costo de la energía inalcanzable para los usuarios y la actividad económica nacional.”