La comisión que pagan las estaciones de servicio por el uso de las tarjetas de crédito es un tema que preocupa a las autoridades de CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina). Es por eso que se reunieron con la diputada nacional, Gabriela Lena, para avanzar en el tratamiento sobre proyecto de ley que regula el uso de las tarjetas en los surtidores.
En este marco, el vicepresidente de CECHA, Vicente Impieri, explicó "los constantes reclamos realizados por el cobro de aranceles abusivos impuestos en la operatoria con tarjetas de crédito, que en promedio van del 1,30 a 1,50 % sobre el total facturado, como así también por los excesivos días que tardan en acreditar los importes por ventas con los plásticos".
El dirigente también comentó que se ha transmitido innumerables veces inquietudes y reclamos a las empresas emisora para resolver esta situación, pero lamentablemente no hubo respuestas favorables, como tampoco de parte de los diversos funcionarios a los cuales se le ha informado el perjuicio que ocasiona operar de esta manera”.
Junto con Guillermo Lego, gerente general de la Confederación, se explicó la acción judicial emprendida por FAENI, entidad asociada a CECHA la cual obtuvo un fallo en primera instancia del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº8 de CABA, que hizo lugar a su reclamo de abuso de posición dominante. Con este fallo, en Santa Fe, la comisión por la venta de combustibles con tarjetas de crédito no debe ser mayor al 0,5% y la acreditación de los pagos tiene que efectivizarse en un plazo máximo de tres días.
La legisladora nacional receptó con total atención toda la explicación y se comprometió a elaborar un informe de situación del sector y a impulsar el tratamiento del tema en la comisión de Comercio que ella preside.
El objetivo es lograr la modificación de la ley 25.065, que permita establecer definitivamente como tope el 0,5% del arancel para las operaciones de pago con tarjetas de crédito, cualquiera sea el banco o la entidad emisora, y que las acreditaciones se reduzcan a 48/72 horas.