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El pedido de renuncia que no fue al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por parte de Presidencia, Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía y a cuenta del ministro Martín Guzmán, esconde números y deudas que trascienden al sector pero que arman una bola de recursos que algunos creen que podrían tener destinos más útiles.
Por el lado de la macroeconomía, Guzmán defiende el Presupuesto 2021, que subestimó ingresos. El Aporte Extraordinario Solidario de las Grandes Fortunas, con el que el Tesoro ya vio $223.000 millones (u$s 550 millones irían para financiar proyectos de inversión conjunta entre IEASA e YPF), y los derechos de exportación de la soja y el trigo mejorarán las cuentas fiscales y permitirían realizar política social y alimentaria con los sectores más vulnerables ante la pandemia.
Cauto, Guzmán prefiere aprovechar un PBI más grande con más recaudación para bajar el déficit fiscal primario de 6,5% en 2020 a 2,5% en 2021, contra los 4,5 puntos presupuestados. Eso le dejará margen para reducir las necesidades de emisión monetaria, desinflar presiones sobre el dólar y bajar la inflación más aceleradamente.
Ahí entran a tallar los subsidios: siempre según la hoja de ruta del ministro, este año la energía (electricidad, gas natural y GLP) iba a demandar hasta u$s 7500 millones, con aumento de tarifas a la par de la inflación. Sepultado ese plan, Guzmán fue por segmentación y distintos incrementos a lo largo de 2021: uno plano, de 9%, primero; y después otro para los sectores con mayor capacidad contributiva, de entre 15% y 18%.
La cadena de pagos del sector eléctrico está en el aire. En tiempos normales, los usuarios pagan a las distribuidoras, que se quedan con su valor agregado, abonan impuestos y la energía mayorista a Cammesa. A su vez, la sociedad mixta se da vuelta y transfiere los ingresos de las generadoras.
Pero ya desde hace unos años, en una situación que se agravó a partir de 2019, las tarifas no llegan a cubrir los costos de las distribuidoras, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde operan Edenor y Edesur. Las empresas retienen fondos para pagar salarios y realizar mantenimientos, endeudándose con Cammesa.
En otras partes del país, algunas cooperativas no pueden trasladar el precio estacional de la energía a sus usuarios, con el temor de que no paguen las facturas. Así, el Tesoro sale al rescate de toda la cadena.
Mientras deja congelado el precio estacional (mayorista) en pesos, la propia devaluación de la moneda eleva el costo, con un sistema que tiene buena parte de la generación dolarizada (contratos térmicos y renovables, principalmente). El total de la demanda paga cerca del 45% del costo total de la energía, mientras que los usuarios residenciales algo menos del 40%.
Con las resoluciones 1/2019 y la 31/2020, el anterior y el actual gobierno avanzaron para bajar los costos de generación y pesificarlos. Hay deudas con Enel, AES, Central Puerto y Pampa Energía que ya supera los $30.000 millones. Es uno de los temas pendientes de la oficina de Basualdo.
El Estado tiene que salir a cubrir lo que las distribuidoras no le giran a Cammesa. A fines de marzo, la cuenta llegaba a $155.000 millones. Se implementó una moratoria que viene demorada para ofrecer planes de pago con tasas y plazos preferenciales. Otro tema en agenda de Basualdo es el transporte eléctrico. El Gobierno pensaba un plan de obras de u$s 600 millones para reforzar el tendido que rodea a CABA. Afuera de los mercados internacionales de deuda por su delicada situación fiscal, a la Argentina solo le queda recurrir a financiamiento de China, Rusia u organismos multilaterales de crédito para atender su infraestructura.