Asimismo, el proyecto recibió el respaldo de ocho diputados de Juntos por el Cambio (JxC), pertenecientes a las provincias azucareras de Jujuy, Tucumán y San Juan, quienes, en sus discursos, halagaron los beneficios que brindará el nuevo régimen para la actividad de los biocombustibles.
Entre los 110 votos en contra, se ubicaron 99 parlamentarios de JxC; 4 legisladores de Córdoba Federal; 3 de Consenso Federal; 2 de la Izquierda y 2 diputados pertenecientes al Socialismo y al Frente Progresista respectivamente.
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El nuevo marco para el sector de los biocarburantes propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol, y determina que, para el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, con el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.
Durante la sesión, el presidente de la comisión de Energía Omar Félix (FdT) expresó: “Hoy adaptamos el marco a nuevos escenarios emergentes y generamos con esta norma las herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica al sector”.
"Se nos acusó de impulsar una norma intervencionista. Se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley y es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y no se generen efectos no deseados", agregó.
Por su parte, la diputada Mónica Schlotthauer, desde el Frente de Izquierda y los Trabajadores, rechazó el proyecto ya que "beneficia a un grupo de agrodepredadores", y en esta línea, la legisladora de la oposición, Jimena Latorre (UCR) pidió “proyectar seriamente un plan energético hacia los próximos quince años, con un régimen donde se definan reglas claras, transparentes y estables que respeten los compromisos internacionales, que premien el incentivo”.
En tanto, el tucumano Domingo Amaya, perteneciente al PRO, justificó el acompañamiento al proyecto de los diputados de JxC que representan a las provincias azucareras y enfatizó: "El bioetanol representa el 30% de los ingresos del sector azucarero, y absorbe el 25% de la producción. Sin esta ley la industria azucarera no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región del Noroeste Argentino".