La función de la Secretaría de Ambiente es aplicar la ley provincial n° 3.266 de estudio de impacto ambiental, en la que a actividad de hidrocarburos está calificada como de alto riesgo. Ante este escenario, la dependencia debe actuar -por ejemplo- ante la instalación de nuevos proyectos en coordinación con otras áreas. “Dónde se encuentra la locación, las instalaciones de obras, oleoductos o gasoductos, luego de recibir el estudio de impacto que un consultor presenta en representación de la empresa”, detalla Migani a +e. Esos informes se evalúan, se inspeccionan y se comparte con otros organismos (como el Departamento Provincial de Aguas), al igual que con los municipios involucrados. Una vez completada esa instancia, se contactan a los estamentos relacionados al proyecto: se valoran informes técnicos y allí emergen las resoluciones, negando o aprobando con condicionantes ambientales, que se deben cumplir en el nuevo yacimiento.
“Si se produce un derrame de hidrocarburos mayor a los 5m2, la empresa la tiene la obligación de declarar porque es caratulada como mayor. Con agua de producción, se toma en ese parámetro si es mayor a los 10 m2”, cuenta Migani.
La Secretaría de Ambiente también actúa en situaciones de contingencia. A través del InPro (Sistema de Información Provincial), donde deben declarar contingencias menores y mayores en diversos plazos, las concesionarias actualizan información.
Las faltas más comunes
En el plan de monitoreo anual se accede al estado de situación del área que cada empresa tiene concesionada. Allí se detalla situación de los pozos, al igual que las instalaciones y cañerías propiedad de las firmas. Cuando se realizan las inspecciones correspondientes, puntualiza Migani, las faltas más comunes son el incumplimiento en el informe de contingencias o el acatamiento a los tiempos del plan de remediación pautado, si este fuera necesario.
“Los estándares de las empresas son muy altos, ellos mismos buscan mejorar la situación para cuidar las inversiones”, razona el delegado de la Secretaría en General Fernández Oro, la región de mayor influencia en la actividad petrolera rionegrina, Nicolás Jurgeit.
Allen, un caso paradigmático
Las demandas de los vecinos de Allen por diversos sucesos, que generaron presentaciones judiciales para frenar el desarrollo de la actividad cerca de algunos barrios y de zonas productivas de pera y manzana, pone bajo la lupa la gestión de la Secretaría. Sobre esta situación, Migani remarca: “Es un caso especial, donde conviven la fruticultura con el gas, está muy controlado, con condicionantes muy estrictos”.
Para contener el reclamo, uno de los acuerdos es que los nuevos pozos deben realizarse en locaciones ya utilizadas. En conjunto con el municipio, más otras dependencias estatales, la Secretaría vela para el control de la actividad. Al menos es lo que plantean estos funcionarios.
“El manejo en Allen es complejo, está muy monitoreado. Cada trabajo en ese terreno tiene un proceso de evaluación particular, detallado, con participación de organismos. Las locaciones son únicas, con un diseño que se trabajó con el tiempo. Están especialmente preparadas, con la menor consecuencia posible para el ambiente”, reconoce Jurgeit.
Sobre este tema, la intendenta de Allen, Liliana Martín (Juntos Somos Río Negro), aclaró en su momento que la comuna lleva adelante un permanente control porque “es enredado llevar adelante la explotación de gas en la ciudad, eso propicia un debate permanente”. Y explicó que “tampoco es imposible, porque las actividades industriales afectan al ambiente”.
