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El gobierno nacional decidió que no prorrogará las ccesiones de las represas hidroeléctricas que se vencen en los próximos meses, y trabaja en un modelo para que sean administradas en conjunto con las provincias.
Fuentes de la Secretaría de Energía de la Nación indicaron que “la línea de acción es que volverían al Estado nacional, pero queremos un esquema para las provincias”, y rechazaron la posibilidad de prorrogar las concesiones durante un año, posibilidad que se barajaba en algún momento.
Otras fuentes consultadas por +e indicaron que también se evalúa que el Estado quede con el control de las hidroeléctricas, pero la operación siga en manos de las compañías privadas.
Neuquén y Río Negro tienen la mirada puesta en esa definición, ya que a partir de agosto empiezan a vencer los contratos de varias represas del Comahue.
Se trata de los complejos hidroeléctricos de Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma Enel Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto, todas con vencimiento de concesión previstos para el segundo semestre.
Ambas provincias patagónicas han incluido en su reclamo la aplicación de la llamada Tarifa Comahue que como principales generadores de energía del país les permitiría un consumo eléctrico a precios diferenciales.
La forma en que se resuelvan las concesiones que vencen este año, marcarán el camino de lo que podría ocurrir Los Nihuiles I, II y III, cuyo contrato vence en 2024, a las que luego se sumarán Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo y Los Quiroga.
En junio de 2025 vence el contrato de la represa de Futeleufú; y en noviembre las de Cabra Corral y El Tunal; en marzo de 2026 la de Ullum; y en julio la concesión de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo. Pichi Picún Leufú, en agosto de 2029, es el último vencimiento de contrato de concesión.