El decreto de Biden del 20 de enero sugirió que se necesitaba una nueva revisión ambiental para abordar posibles fallas legales en un programa de perforación aprobado por el Gobierno de Trump bajo una ley de 2017 promulgada por el Congreso.
Después de realizar una revisión requerida, Interior dijo que "identificó defectos en el registro subyacente de decisiones que respaldan los arrendamientos, incluida la falta de análisis de una gama razonable de alternativas" requeridas por la Ley de Política Ambiental Nacional, una ley ambiental fundamental.
El remoto refugio es el hogar de osos polares, caribúes, búhos níveos y otros animales salvajes, incluidas aves migratorias de seis continentes.
Los republicanos y la industria petrolera llevan mucho tiempo tratando de abrir el refugio rico en petróleo, que los indígenas Gwich'in consideran sagrado, para la perforación.
Los demócratas, los grupos ambientalistas y algunas poblaciones nativas de Alaska intentaron bloquear la iniciativa.
Los grupos ambientalistas y demócratas aplaudieron la orden del Departamento del Interior, mientras que la delegación del Congreso totalmente republicana de Alaska la tachó de "equivocada" e "ilegal".
Los republicanos y la industria petrolera llevan mucho tiempo tratando de abrir el refugio rico en petróleo, que los indígenas Gwich'in consideran sagrado, para la perforación.
La Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos, una agencia del Interior, otorgó los permisos para buscar hidrocarburos en la llanura costera del refugio el 6 de enero, dos semanas antes de que Biden asumiera el cargo.
Ocho días después, la agencia firmó contratos de arrendamiento por nueve terrenos que totalizan casi 1.770 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, la emisión de esos permisos no se anunció públicamente hasta el 19 de enero, el último día completo en el cargo del expresidente Trump.
Kristen Miller, directora ejecutiva interina de la Alaska Wilderness League, elogió la suspensión del programa de arrendamiento del Ártico, que dijo que fue el resultado de un proceso legal defectuoso bajo Trump.
Sin embargo, Miller subrayó que se necesitan más acciones y pidió una cancelación permanente de los arrendamientos y la derogación de la ley de 2017 que obliga a perforar en la llanura costera del refugio.
El mandato de perforación se incluyó en un recorte fiscal masivo aprobado por los republicanos del Congreso durante el primer año de Trump en el cargo.