Durante la década del '90, se implementó la reforma del Estado y se sancionó la Ley 24.065, que privatizó la generación y transporte de energía eléctrica a cargo de empresas estatales. Esta ley implicó la transferencia de la administración y explotación de las centrales hidroeléctricas del sector público al sector privado a través de contratos de concesión de 30 años.
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A partir de agosto de 2023, comenzaron a vencer los contratos de concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos. En los fundamentos del proyecto la diputada Parrilli indicó que “durante los 30 años de la privatización no quedó nada para las ciudades donde se encuentran las hidroeléctricas, ningún tipo de inversión en una mejora de infraestructura y capital, y la hidroenergía no generó mayor inversión ni garantizó la expansión del sector en la región. Esto llevó a una disminución en la participación de la hidroenergía en la matriz energética, pasando del 43 por ciento en 1994 al 25 por ciento actual. Hoy, la generación de energía eléctrica depende en gran medida de los hidrocarburos, con un 60 por ciento proveniente de fuentes térmicas que utilizan gas natural como combustible. Entre el 25 por ciento y el 40 por ciento del consumo diario de gas natural del país se destina a la generación de energía eléctrica, dependiendo de la estacionalidad de la demanda”.
“Con este proyecto pretendemos que el Estado Nacional, en asociación con las provincias titulares del recurso, asuma la administración, operación y explotación de los recursos hídricos ubicados en el territorio jurisdiccional. Esto permitirá detener los giros al exterior de las utilidades obtenidas en la explotación de las concesiones y promover la inversión en fuentes renovables”, afirmó la legisladora provincial.
Según la Reforma Constitucional de 1994 las provincias son titulares del dominio originario de los recursos naturales. Por lo tanto, nuestra provincia está en condiciones de ejercer ese derecho y colaborar en la administración de los aprovechamientos hidroeléctricos junto con el Estado Nacional y otras provincias cuando corresponda.
“Esta medida forma parte de un proceso de transición energética que busca diversificar la matriz energética y promover la participación del sector privado en asociación estratégica con las provincias titulares del recurso”, aseveró Parrilli.