Este martes por la tarde, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, firmó un acta de colaboración con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con el objetivo de impulsar la llegada de los servicios básicos a los barrios populares del país.
“La colaboración que iniciaremos junto al Ministerio de Desarrollo Social logrará mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Todos los argentinos y argentinas tienen derecho a acceder a los servicios básicos, sin importar el lugar en el que vivan, logrando que la energía llegue a cada rincón de nuestro país”, expresó Martínez tras la rúbrica del convenio.
El trato fue alcanzado en el marco del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, la iniciativa oficializada en noviembre pasado a través de la resolución 925/2020, destinada a financiar diversos proyectos para la formulación, elaboración e implementación de obras de Integración Socio Urbana para los barrios inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ejecución de Proyectos de Obras Tempranas.
De acuerdo a información oficial, el acta de colaboración firmada establece un trabajo en conjunto entre los organismos nacionales, en miras de avanzar en la identificación y el diseño de proyectos energéticos dirigidos a brindar soluciones a las necesidades de infraestructura, mejoras en la eficiencia del servicio y la seguridad eléctrica de los barrios.
"La urbanización de barrios populares es un eje fundamental de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, porque combina el acceso a derechos con la generación de un gran plan de empleo”, sostuvo Arroyo por su parte.
Asimismo, el ministro consideró que el convenio logrado con la Secretaría de Energía, “es un salto de calidad en el proceso que venimos llevando adelante, ya que posibilitará el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los barrios y el acceso a un servicio básico para miles de familias que hoy viven en condiciones muy difíciles”.
Las obras que se lleven a cabo dentro del programa deben ser adjudicadas en un 25% como mínimo a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas por los vecinos y vecinas de los barrios, en su mayoría.
De esta forma, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación serán los encargados de aportar información relevante para evaluar y reunir las obras necesarias en los barrios contemplados dentro del programa.