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La mega ley presentada por Milei desregula por completo a la industria energética y cambia el escenario de todos los segmentos del sector.
La Ley Ómnibus que acaba de presentar el Gobierno modifica por completo al sistema energético y da paso a una desregulación que no se veía desde la década de 1990. Su espíritu es claramente pro empresa y busca constituir una señal para promover inversiones y dar un salto exportador.
Pero además de la libertad de comercio en el sector de hidrocarburos, la fijación de precios internacionales y el guiño de no subir retenciones como estaba previsto en un inicio, el paquete hace lo propio con el segmento eléctrico, los biocombustibles, y los servicios públicos.
El comercio internacional de energía eléctrica queda liberado, delegando en el agente o responsable que realiza las exportaciones, los mecanismos necesarios a fin de evitar la falta de abastecimiento del mercado interno y bajo condiciones de seguridad y confiabilidad del sistema.
A su vez, el despacho económico para las transacciones de energía pasa a fijarse sobre una base de remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en cuenta el costo marginal horario.
Como anticipaba el DNU de la semana pasada, el desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica queda bajo la órbita del sector privado, “mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos”.
Un capítulo que genera gran incertidumbre es la autorización a renegociar contratos por razones de emergencia. Esto abarca tanto a los PPA entre generadores eléctricos y Cammesa que afecta especialmente a las renovables, como al Plan Gas que tiene contractualizado el abastecimiento de gas hasta el 2028.
Por el lado de los biocombustibles, se liberan precios y cupos, pero los porcentajes de mezcla se mantienen en 7,5% para el biodiesel y en 12% para el bioetanol.
En cuanto a la regulación de los servicios públicos, se unifican en ENRE y el Enargas a partir de la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. En esa órbita, se da libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales y se autoriza la eliminación de fondos fiduciarios energéticos que vehiculizan subsidios como en el sistema de garrafas o zonas frías del gas.
Finalmente, la parte ambiental impulsa la creación de un mercado de bonos de carbono (derechos de emisión de GEI) por sectores económicos compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas.