En ese sentido, abogó por una reasignación de los subsidios, en el marco de una "nueva conceptualización" para concentrarlos en los sectores socialmente más vulnerables.
"Cierta categoría de usuarios está convencida que paga la tarifa plena, pero es artificialmente plena, y creen que subsidian a otros usuarios, pero nada de eso es cierto y real", manifestó, al tiempo que criticó que luego de "dos décadas de disfuncionamiento energético" se haya generado una tarifa "carente de toda razonabilidad", con "un fomento del consumo sin control" que dejó al sistema "al borde del colapso".
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Asimismo, indicó que los subsidios a la generación demandaron al Estado en 2023 una erogación de US$ 4.800 millones y que para 2024, si no se efectúan cambios, la proyección elevaría ese monto a US$ 5.230 millones.
El funcionario precisó que el año pasado la tarifa "sólo cubrió el 45% del costo total" y el 30% del VAD (Valor Agregado de Distribución).
Rodríguez Chirillo disertó junto con la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, quien delineó como "propuesta de cambio" la determinación de los ingresos totales del grupo conviviente y no sólo del usuario titular del servicio.
Para eso, remarcó la importancia de establecer una Canasta Básica Energética (CBE) que establezca los distintos tipos de requerimientos de consumo en las distintas zonas del país, "subsidiando situaciones de vulnerabilidad" en base a un diferencial entre el valor de la canasta y los ingresos familiares.
"Veo que la discusión se focaliza en los porcentajes de aumentos y se pierde de vista que el aumento de tarifas es una corrección de precios relativos", señaló, para agregar que "hay costos que deben ser pagados, el gobierno anterior decidió hacerlo con impuestos e inflación y este gobierno con tarifas que cubran los costos, para reducir el déficit fiscal".
Con ese criterio, Beljansky sostuvo que "los aumentos tarifarios, lejos de aumentar la inflación, la reducirán".