Por qué modificar las retenciones y sostener programas de regalías es clave para reactivar inversiones, empleo y competitividad en los campos maduros.
El anuncio de la modificación del 8% de retenciones al convencional abrió un nuevo capítulo para los campos maduros. Tras años de caída productiva, pérdida de empleo y altos costos, Chubut, Neuquén y Santa Cruz consiguieron que Nación adoptara un reclamo histórico. Sin embargo, el impacto de la medida depende tanto del alivio fiscal como de la capacidad real de ejecutar inversiones en el segmento.
Los especialistas coinciden en que el acuerdo fiscal representa una oportunidad. La diferencia estará en cómo las empresas, la provincia y los operadores transformen ese ahorro en actividad concreta. La pregunta ya no es si el marco fiscal es favorable, sino si el sistema petrolero regional tiene la disciplina técnica, el control y la gestión necesarios para convertirlo en producción, empleo y competitividad.
El ahorro fiscal y su impacto en una cuenca madura
La propuesta significó aire fresco para los campos maduros. En el caso de Chubut, el 20% de su producción se exporta y paga actualmente el derecho de exportación del 8%. Ese porcentaje genera un impacto económico que excede la exportación: “Ese precio de exportación es la referencia. Las refinerías y el mercado doméstico también compran a ese valor más bajo. En definitiva, el 8% aplica al 100% de la producción”, describió el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce.
Según sus cálculos, la provincia perdió en 2024 unos 240 millones de dólares por efecto directo e indirecto de las retenciones, mientras que el impacto total de la cuenca fue cercano a 370 millones de dólares. En regalías, la pérdida anual ascendió a 35 millones de dólares, equivalentes a casi un mes de recaudación provincial.
En este sentido, el consultor especializado Leonardo Aldaba coincide con esa dimensión y detalló que, a nivel agregado, Nación resigna 144 millones de dólares y Chubut 88 millones de dólares con la reducción de regalías del 12% al 8%. El sacrificio fiscal combinado supera los 230 millones de dólares anuales, mientras que el beneficio directo para las empresas ronda los 240 millones de dólares. Pero, como aclara, “no es un regalo fiscal, es un contrato de inversión forzosa”.
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El convencional frente a una nueva esperanza.
Reinversión obligatoria y fiscalización provincial
El ministro remarcó que los dólares que dejen de aportarse a las arcas nacionales no quedarán en manos empresarias: “El acuerdo establece que cada dólar adicional se reinvierta en convencional. Si tomamos como referencia esos 240 millones de dólares, ese es el proxy del incremento de inversión que debe canalizarse en la cuenca”.
La provincia trabaja en un mecanismo de fiscalización para verificar que las inversiones sean adicionales a las históricas. Ponce adelantó que en los próximos 60 días se definirá un procedimiento para establecer una base de inversiones y medir el incremento asociado al acuerdo. “El gesto más importante es el compromiso explícito de las empresas. Incluso Pan American Energy manifestó que reinvertirá esos incrementales buscando economías de escala”, afirmó.
Asimismo, Aldaba subrayó la importancia de esa auditoría: sin un control estricto, el riesgo es que la reinversión no se materialice o se maquille como inversión operativa habitual. Para él, la ejecución será tan determinante como el diseño fiscal.
El rol de las provincias y el esfuerzo de toda la cadena
Ponce subrayó que la eliminación de retenciones se alcanzó gracias a la iniciativa provincial. “La provincia viene desde hace más de un año otorgando incentivos: programas de baja de regalías, convenios de competitividad y acuerdos de base con los gremios. Todo esto fue lo que se llevó a la mesa nacional. El trabajo ya estaba hecho”, afirmó.
Mientras que Aldaba reconoció que ese movimiento y lo vincula con la necesidad de bajar el OPEX en campos maduros. Con costos totales que muchas veces superan los 60 dólares por barril, la competitividad depende tanto del alivio fiscal como de la eficiencia operativa.
Competitividad y el desafío técnico de la cuenca
La recuperación terciaria (EOR) es la variable técnica que vincula ambos análisis. Ponce explicó que la eliminación de aranceles a polímeros y los incentivos provinciales forman parte de una estrategia para hacer viable el EOR en yacimientos envejecidos. “Son medidas para incrementar productividad, bajar costos y hacer sostenible la industria incluso con un barril en la banda de los 70 dólares”, señaló.
Aldaba va más allá y sostuvo que EOR es la única herramienta capaz de frenar el decline. Con reservas probadas equivalentes a casi la mitad del total nacional, la cuenca todavía tiene un enorme potencial, pero requiere aplicar tecnologías avanzadas con precisión. “No es teoría, CAPSA lo demostró en Diadema: con gestión correcta y EOR sostenido, los campos pueden prolongar su vida útil durante décadas”, afirmó.
Ambos coinciden en que la tecnología existe, pero su implementación exige experiencia y disciplina técnica. El acuerdo mejora la ecuación económica, pero los márgenes siguen siendo estrechos. Operar con costos eficientes será imprescindible.
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Manantiales Behr es el último bloque que le queda YPF en Chubut y símbolo de la recuperación terciaria.
Empleo, inversiones y la importancia del operador correcto
El acuerdo busca no solo incrementar inversión sino también sostener el empleo en la cuenca. Para Ponce, el impacto se verá en la medida en que las empresas incrementen su actividad y aprovechen la eliminación de las retenciones para volver competitivos sus desarrollos. El ministro destacó que la meta es recuperar puestos de trabajo perdidos en los últimos años.
Aldaba refuerza esta visión y proyecta que, sin acuerdo, la cuenca podría haber perdido más de 10.000 empleos en cinco años. Con el acuerdo y el EOR, estima entre 1.500 y 3.000 nuevos puestos directos, equivalentes a entre 3.750 y 7.500 empleos totales. Para él, el operador correcto será clave: no todos cuentan con la experiencia ni la eficiencia necesarias.
En licitaciones como Manantiales Behr, la provincia mantiene el poder de veto y prioriza el plan de desarrollo por encima de la oferta económica. Ponce confirmó que esa seguirá siendo la línea política: el objetivo es consolidar operadores con capacidad real de invertir.
Tanto Ponce como Aldaba coinciden en que el acuerdo fiscal puede transformar la cuenca, pero su éxito no está garantizado. La combinación de competitividad, inversión obligatoria, incentivos provinciales y control fiscalizador forma un marco robusto, aunque con plazos técnicos que chocan con la urgencia social.
La provincia espera que la eliminación del 8% esté vigente desde el 1 de enero de 2026. Ese será el punto de partida para un ciclo que definirá la sostenibilidad de CGSJ. “Chubut fue la impulsora de todo este proceso”, consideró Ponce. Aldaba, desde otro enfoque, afirmó: “El acuerdo abre la puerta. Pero cruzarla depende de la gestión”.
