Una tarifa defirencial
Los legisladores subrayaron que las provincias son propietarias del recurso hídrico que se utiliza para la generación de energía eléctrica.
Ambos gobiernos patagónicos elevaron el planteo en reiteradas ocasiones. Entre los fundamentos del proyecto presentado ahora mencionan que las provincias tienen la potestad de participar en las decisiones que se toman sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales y es en ese contexto que elevan la solicitud al gobierno central.
“Es, en principio, un acto de justicia para las provincias productoras de energía eléctrica. Y su implementación generará mejores condiciones para atraer inversiones, y ello a su vez favorecerá el desarrollo de toda la región”, expresó Domingo.
Llancafilo, por su parte, dijo que “como provincias generadoras de energía eléctrica y dueñas de los recursos naturales que se utilizan para producir, no es justo que vecinas, vecinos, comercios e industrias paguen precios hasta siete veces más caros que el mismo consumo en KW en Buenos Aires”.
En tiempo de descuento
Hay que recordar que el 11 de agosto vencen los contratos, y el gobierno de Javier Milei dio algunos detalles sobre la “reprivatización” a través de cuatro sociedades anónimas que se constituyeron, algo que incomodó a las provincias de Neuquén y Río Negro.
La Secretaría de Energía de la Nación estableció la prórroga y un plan de transición, aunque sin la participación directa de las provincias. Es algo que pide Neuquén: tener injerencia en el recurso del agua, los cánones y las regalías.
La medida generó un gran impacto político, con la presentación de una acción de amparo con la intención de frenar el esquema privatizador, por parte del abogado, exdiputado y referente de Unión de los Neuquinos (UNE), Mariano Mansilla.
La Defensoría del Pueblo de Neuquén se abocó a la búsqueda de firmas de vecinos y organizaciones para respaldar un amparo colectivo de diversos actores políticos y sociales.
Es que se crearon cuatro sociedades anónimas con el nombre de Alicurá, Piedra del Águila, Cerros Colorados y El Chocón, con la posibilidad de rediseñar todo el paquete accionario. El capital estará en manos de Enarsa y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Pero no incluye la pata de las provincias, que son las dueñas originarias del recurso, según la Constitución Nacional.
