El abogado argentino Fernando Irazu, representante de RAFA en el caso, sostuvo que la operación de compra de acciones de YPF en 2008 se habría realizado con la participación del entonces gobierno argentino y que, tras la nacionalización de la petrolera en 2012, el Grupo Petersen no pudo cumplir con los compromisos financieros adquiridos, lo que derivó en la quiebra de sus empresas en España.
El fallo de Preska
La jueza Preska resolvió rechazar el pedido de RAFA y no dio lugar a la solicitud de suspender el proceso judicial. Con esta decisión, el fallo que condena a Argentina al pago de US$16.100 millones sigue en vigor, a la espera de la continuidad de los pasos procesales.
El litigio por la expropiación de YPF se inició en 2015, cuando los fondos Burford Capital y Eton Park presentaron una demanda contra el Estado argentino. Su argumento principal fue que, al expropiar el 51 % de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol, Argentina no realizó una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, lo que, según los demandantes, vulneró el estatuto de la empresa.
Argentina defendió su postura alegando que la ley de nacionalización aprobada por el Congreso en 2012 establecía que el Estado no podía adquirir más acciones que las expropiadas a Repsol. Sin embargo, la Justicia estadounidense determinó que el gobierno argentino debía haber respetado las condiciones establecidas en el estatuto de YPF y dictó la sentencia condenatoria en 2023.
Cómo sigue el caso YPF
El gobierno argentino deberá evaluar los pasos a seguir en el litigio, ya que la sentencia continúa vigente. Entre las opciones disponibles, se encuentra la posibilidad de apelar la decisión de Preska o buscar una negociación con los demandantes para reducir el monto a pagar.
