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En 2017, la industria petrolera no convencional asimilaba una primera crisis importante. Era la reedición de ese loop que con cierta frecuencia vuelve a escena en los países productores de petróleo y gas, a partir de la variable central: el precio, ese termómetro que divide aguas entre quiénes ganarán y quiénes perderán. O, en escenarios inéditos como el de hoy, quiénes perderán menos.
Lo cierto es que para no tropezarse dos veces con la misma piedra, conviene no reiterar los recorridos que llevaron a ciertos resultados. Lo dicho: hace cuatro años, la industria no convencional arribaba a un primer acuerdo. Nacía la resolución 46/17 del Ministerio de Energía, que dio lugar a una reactivación paulatina, a través de un subsidio sideral del Estado que permitió desriskear algunas áreas productoras pero también resultó en una judicialización: el gobierno de la administración de Mauricio Macri “reinterpretó” su propia resolución y supo que no tenía los dólares para pagar ese subsidio que había motivado una inversión de 1850 millones de dólares de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint. Una sola muestra de todo lo bueno (el recurso descomunal que es Vaca Muerta, esa roca portentosa que cruza buena parte de Neuquén por debajo) y los bretes en los que sucesivas administraciones se suelen poner a la hora de implementar decisiones en materia de energía.
Hoy, en parte, el escenario tiene algún parecido. Todavía sin hechos tan concretos en las definiciones de fondo, hay patrones que se estarían reiterando.
Por un lado, claramente la crisis. Esta vez, en su formato global, inédito y distinto a todo lo visto con antelación. Tanto en el sector petrolero como en su grado de afectación al común de la ciudadanía, porque, dicho sea de paso, si no se comprende el enorme impacto que tiene el sector energético en el día a día de “la gente”, no se comprende nada. No, digamos, a la hora de prender la luz o cargar naftas, sino también en cada uno de los precios de lo que consume a diario, con o sin conocimiento de ello. El Gobierno lo comprende claramente. En eso radica en buena medida el traspaso de Energía a la cartera económica que conduce Martín Guzmán.
En el mejor escenario posible para el desarrollo del país, la botonera energética al alcance de un área definitoria podría ser parte de lo mejor. El discurso del propio Guzmán: más producción, la senda exportadora y la generación de divisas. No será sencillo, pero está claro que es posible. ¿O no son las exportaciones lo que está sustentando la producción de Neuquén -de Vaca Muerta- durante la crisis más profunda de la historia?
“Son las grandes corporaciones y las chances que encuentra en el exterior”, dirán los extraños detractores del shale argentino dentro y fuera de la industria petrolera, sin mencionar qué otras cuencas, por fuera de la del Golfo San Jorge, de larga tradición exportadora, también lo están haciendo. Todo esto para decir que la industria petrolera argentina, parece claro, necesita de un discurso uniforme del Gobierno. Es un lugar común pero conviene recordarlo: quiénes son los interlocutores y cuáles son las políticas que se pondrán en práctica. Qué garantías habrá de que eso no se modifique.
Dicho de otro modo: ¿es la Cámara de Diputados votando en contra del pago a las productoras de gas o serán Martín Guzmán y Alberto Fernández quienes fijarán el rumbo? El shale ofrece oportunidades como ningún otro sector industrial en plena hecatombe mundial. El secreto para crecer pasa por generar acuerdos, consensos y un desarrollo sostenible que permita incentivar la producción, con una apertura inteligente. El recurso, la tecnología y miles de trabajadores calificados son una realidad.