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Desde que se sancionó la ley nacional 27.424 de generación distribuida en diciembre de 2017, desde el cuerpo legislativo de Neuquén se buscó la manera de adherir a esa norma para poder gozar de los beneficios fiscales que propone, pero sin derogar la ley provincial 3006, que aborda el mismo tema y había sido impulsada por Luis Sapag en 2016.
“La intención siempre fue mantener nuestra ley, que fue pionera, es por esa razón que todo este tiempo estuvimos trabajando para adecuar las dos normas. Finalmente, solo tuvimos que derogar tres artículos del régimen provincial para que ambos sistemas pudieran convivir, y así logramos un amplio consenso”, explica a +e la diputada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), María Laura du Plessis.
“Lo que implica ahora la adhesión es que ahora podemos sumarnos al régimen nacional, que prevé también algunos beneficios fiscales como el descuento del IVA y de Ganancias para quienes se autogeneren, y eso es muy importante. Eso no lo podíamos hacer sin adherir, y tampoco la parte de que un usuario pueda compensar la inyección a la red eléctrica del excedente, en caso de que hubiese, con lo que uno consume o que se le otorgue un crédito a su favor”, detalla la legisladora.
Para el presidente del Colegio de Ingenieros de Neuquén, Marcelo Fernández Dotzel, con la adhesión la provincia dio un paso muy importante. “Habíamos quedado atrás en este tema. Lo que sigue ahora es la reglamentación, y queremos participar de ese proceso”, sostiene el especialista en diálogo con +e y agrega que ya están participando en la reglamentación de la ordenanza de adhesión que se hizo a principio de este año desde el Consejo Deliberante del municipio autónomo de la ciudad de Neuquén.
“Lo que estamos armando un legajo técnico mínimo, que es lo que debe seguirse para una instalación domiciliaria de generación distribuida. Es decir, como se debe preparar la documentación técnica”, apunta el titular de la entidad.
En la ley nacional dice que la instalación de un equipamiento de generación de energía renovable debe hacerse de manera técnicamente correcta, “de forma de asegurar que su operación en paralelo a la red no comprometa el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico nacional, la seguridad de las personas, ni las instalaciones de los usuarios”. En ese sentido, el titular de la entidad indica que “la única forma de garantizarlo es con la participación de profesionales de la ingeniería debidamente habilitados en la provincia”.
“La eficiencia energética, el etiquetado de viviendas, la electromovilidad, la generación distribuida, son para el colegio de ingenieros prioridades a desarrollar en este 2021 en el marco de la promoción del empleo de los profesionales neuquinos”, subraya Fernández Dotzel.
Por su parte, para el especialista en energía solar, Guillermo Torres, con la adhesión cambia positivamente el escenario para el sector privado que se dedica al desarrollo de fuentes renovables de generación eléctrica, pero del mismo modo advierte a +e que “ahora hay que trabajar en la reglamentación, que es otro tema fundamental y estratégico”.
“Quién va a ser el órgano de control a nivel provincial. A diferencia de Río Negro, que está el EPRE y que tiene mucha presencia técnica y política, en Neuquén es una debilidad. Nunca tuvimos un órgano de control que se ocupe del tema energético”, reclama Torres.
“Necesitamos que sea claro y que de alguna sea un interlocutor entre las instituciones de la provincia, los municipios, las empresas de energía, el cliente, esto es fundamental para el sector privado; que se ocupe de toda el área energética incluyendo a las energías renovables como parte del plan estratégico para ampliar la matriz de la provincia. En la ciudad capital, el órgano de control es el municipio. Pero a nivel provincial, no está definido”, agrega.
Uno de los artículos derogados de la ley local para lograr la adhesión es el 4º, que decía que determinados contratos que fuesen de un monto menor a una determinada cifra no iban a ser monitoreados por la autoridad de aplicación. Ese ítem fue desestimado porque desde la normativa nacional se sugiere que todos los contratos -no importa cuanto sea la potencia que se instale- tengan el mismo tratamiento.
Los otros dos artículos derogados, el 8º y el 13º, tenían que ver con un tema de autoridad de aplicación y de las eventuales posibilidades de hacer reclamos de los usuarios del sistema.
“Para eso, el gobierno nacional tiene entes reguladores, que tienen competencias jurisdiccionales. Desde el gobierno nacional nos decían que teníamos que adaptarnos a ese sistema, pero para nosotros no es posible porque en la provincia no hay entes reguladores, ningún ministerio puede ejercer esa competencia jurisdiccional. Entonces, tuvimos que adaptarnos y definimos que, para esos casos, en Neuquén se utilizará el régimen general de reclamos administrativos”, completa du Plessis.