De acuerdo a información oficial, las empresas de energía serán las encargadas de determinar las distintas modalidades de ejecución de los proyectos, “en forma exclusiva”.
La primera entrega del capital fue asignada a políticas previstas en la Ley 27.605, del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. La norma establece que los recursos reunidos deberán ser destinados en un 20% a financiar la política sanitaria; y en el mismo porcentaje a subsidiar a las pequeñas y medianas empresas de Argentina y a inyectar más recursos en las becas Progresar. En tanto, un 15% de los fondos, cobrados al 27 de mayo a contribuyentes con patrimonios que superen los $200 millones, fueron asignados a mejorar las condiciones habitacionales de los barrios populares.
Sin embargo, el mayor porcentaje fue distribuido en un 25% para el sector gasífero, con la finalidad de “apuntalar la inversión” dentro de la industria.
“El Aporte Solidario y Extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica”, sostuvo el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.