En términos agregados, esas iniciativas representan unos 5.835 MW de capacidad, cerca de 4.830 kilómetros de redes eléctricas y una inversión estimada en torno a los USD 3.000 millones. El análisis también identificó un conjunto de proyectos con alta consistencia: 12 de las 16 interconexiones aparecen de manera estable en los distintos escenarios modelados, incluso bajo variaciones de demanda, precios de combustibles y condiciones climáticas.
El enfoque del plan apunta a lograr una mayor eficiencia del sistema eléctrico regional, con el objetivo de optimizar recursos existentes y reducir ineficiencias estructurales.
Ahorros, eficiencia y reducción de costos
De acuerdo con los resultados presentados por OLACDE, los beneficios económicos netos de avanzar en una mayor integración eléctrica podrían ubicarse entre USD 1.000 y USD 5.000 millones anuales para la región.
Entre los efectos esperados se incluyen un mejor aprovechamiento de la infraestructura existente, la reducción de vertimientos de energía renovable, el acceso a fuentes de menor costo y la disminución de inversiones futuras en generación y almacenamiento.
Maiulini sostuvo que el impacto del esquema de integración también podría trasladarse a la economía real de los países. En su publicación, señaló que el proceso permitiría “mayor competitividad para los productos producidos en América Latina a nivel global y un efecto ingreso para los hogares”, lo que derivaría en “más inclusión social y menos pobreza”, destacando el rol relevante que adquiere la energía en la estructura económica regional.
Argentina y el potencial de integración regional
Si bien el plan tiene alcance regional, su implementación abre interrogantes sobre el rol que podrían tener países con sistemas eléctricos de gran escala como Argentina.
La interconexión con mercados vecinos podría permitir una mayor complementariedad entre sistemas con diferentes perfiles de generación, particularmente en escenarios de alta penetración de renovables o picos de demanda estacional. En ese esquema, la infraestructura existente y futura en Argentina aparece como un potencial nodo relevante dentro de la arquitectura eléctrica sudamericana.
El diseño del plan hacia 2040 también sugiere que la integración dependerá también de la capacidad de coordinación entre marcos regulatorios, algo que la propia OLACDE identifica como un punto crítico para materializar los beneficios económicos proyectados.
Hacia un posible Tratado Marco de Integración Energética
El encuentro en Montevideo dejó planteada una discusión institucional de mayor alcance: la posibilidad de avanzar hacia un Tratado Marco de Integración Energética Regional.
El secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo, destacó que la organización mantiene como eje histórico la promoción de la integración energética en la región desde su creación en 1973. En ese sentido, subrayó la continuidad de las reuniones ministeriales en el marco de la CELAC, con antecedentes en Honduras, Bogotá y Montevideo, como parte de un proceso de construcción política gradual.
Además, Rebolledo planteó la necesidad de iniciar un camino de negociación que, en un horizonte de mediano plazo, permita establecer un tratado regional de energía. Se trataría de un instrumento aún inexistente en América Latina y el Caribe, orientado a ordenar la cooperación entre países y facilitar acuerdos de integración más estables.
Un proceso abierto con desafíos
El avance hacia un esquema de integración energética más profundo aparece condicionado por la capacidad de los países de converger en reglas comunes, esquemas regulatorios compatibles y mecanismos de coordinación de largo plazo.
En ese contexto, la propuesta de OLACDE intenta instalar una discusión política sobre la gobernanza energética regional. El desafío, según el propio organismo, es generar las condiciones institucionales necesarias para capturar los beneficios económicos estimados en el estudio.