Allá por 2024
La hoja de ruta para la privatización de estas centrales hidroeléctricas se comenzó a trazar en 2024, a través de un decreto que instruyó a Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a constituir cuatro sociedades anónimas específicas para cada represa: Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
La normativa original estableció un plazo de 180 días corridos desde su entrada en vigor para que la Secretaría de Energía de la Nación convocara a un Concurso Público Nacional e Internacional con el objetivo de vender el paquete accionario mayoritario o controlante de estas nuevas sociedades. Posteriormente, un nuevo decreto incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en esta tarea.
La posición de las provincias
Finalmente, el decreto Nº 263, promulgado el pasado 10 de abril, fijó un plazo de 15 días para el inicio formal del llamado al concurso público, garantizando la participación de las provincias de Neuquén y Río Negro, así como de los organismos interjurisdiccionales involucrados en la gestión de las cuencas hídricas. Este paso se fundamenta en la necesidad de resguardar los intereses tanto de la Nación como de las provincias directamente afectadas por la operación de estas represas.
En este contexto, la Dirección Nacional de Generación Eléctrica ha remitido a las provincias el borrador del Pliego de Bases y Condiciones, acompañado de sus correspondientes anexos, para su exhaustivo análisis. Este documento se erige como un instrumento fundamental, ya que definirá los términos y las reglas que regirán el concurso público y, en última instancia, la transferencia de las acciones de las cuatro hidroeléctricas a manos del sector privado. La premura impuesta por los plazos obliga a las autoridades provinciales y a sus equipos técnicos a una revisión minuciosa para asegurar que se contemplen todos los aspectos relevantes y se protejan los intereses de la región en este proceso de cambio de titularidad de activos energéticos de vital importancia.
