En la audiencia pública expusieron una docena de funcionarios, representantes de entidades intermedias y vecinos de distintos sectores de Mendoza, que se inscribieron previamente para emitir su opinión y que contaron con un plazo de tres minutos para realizar su exposición.
Si bien casi todas las voces fueron a favor del proyecto, algunos expositores plantearon ciertos interrogantes técnicos relacionados con la obra.
Desde el Gobierno de Mendoza, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, aseguró que “Mendoza necesita de obras de esta naturaleza, y no se trata solamente del cuidado del agua sino que implica mano de obra importante durante mucho tiempo y coloca esta obra en el circuito turístico del Cañón del Diamante”.
"La obra está resguardada técnicamente con posibilidades reales de ser llamada a licitación y bajo una cobertura jurídica institucional que hace que no se cuestione ninguno de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la obra”, completó Ibáñez.
Según cálculos oficiales, la central hidroeléctrica aumentará en un 15% la capacidad de embalse del complejo del río Diamante, aportará 120 MW de potencia para generar 450 GWh al año, lo que permitirá abastecer con energía a aproximadamente 60.000 hogares.
Con una inversión de 525 millones de dólares, promoverá la creación de 800 puestos de empleo directo y cerca de 1.500 indirectos por servicios y obras asociadas.
Las obras componentes del aprovechamiento consisten en una presa de hormigón compactado a rodillo con su correspondiente embalse, obra de desvío del río, obra de toma, túnel de aducción, chimenea de equilibrio, tubería forzada y casa de máquinas.
Dentro de los objetivos de la nueva presa, se encuentran regular las aguas del Río Diamante, mejorar la producción hidroeléctrica y darle mayor impulso al turismo en la zona.
Además, permitirá aprovechar mejor el recurso hídrico para contrarrestar la escasez en la zona.