Este martes, a través de las resoluciones conjuntas 1 y 2/2021 de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el gobierno nacional determinó un incremento en el tributo que las empresas petroleras pagan por servidumbre en todas las cuencas productoras del país.
De acuerdo a la primera medida publicada en el Boletín Oficial, el aumento determinado es retroactivo al primero de marzo de este año y señala que las indemnizaciones en las Cuencas Cuyana y Neuquina, en concepto de servidumbres y daños y perjuicios inherentes a las actividades hidrocarburíferas en Tierras de Secano, se incrementaron un 64,44% para la zona A; un 34,21% para la zona B; un 284,07% para la zona C; y un 285,01% para la zona D.
Asimismo, la Resolución Conjunta 1/2021 establece aumentos en las indemnizaciones emergentes para las mismas regiones, en concepto de gastos de control y vigilancia, en un 172,9% para la zona A; un 176,7% para la zona B; un 162,6% para la zona C; y un 157,6% para la zona D. En tanto, se fijó una suba del 172,9% para las Tierras Bajo Riego, dentro de este mismo criterio.
Por otra parte, la Resolución Conjunta 2/2021 de los organismos de Energía y Agricultura fijó alzas diferenciadas para las regiones que integran la Cuenca Austral y del Golfo San Jorge, donde, para las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se autorizaron aumentos, en concepto de daños y perjuicios, de un 64,44% para la zona A; y un 34,21% para las zonas B y C.
Además, para los gastos de control y vigilancia, la medida fija incrementos de un 171,4% para la zona A; de un 170,7% para la zona B; y otro 170% para la zona C.
La suba fue autorizada tras un pedido realizado en febrero por las autoridades de la Asociación Argentina de Propietarios y Superficiarios Afectados por la Actividad Hidrocarburífera, Minera y Eléctrica (AASEP), quienes solicitaron la actualización de los valores indemnizatorios para las servidumbres mineras, daños y perjuicios, y gastos de control y vigilancia, respecto de los inmuebles afectados por las actividades hidrocarburíferas que se desarrollan en las Cuencas Cuyana, Neuquina, Austral y del Golfo San Jorge.