Destinatarios y requisitos técnicos
El programa está dirigido específicamente a los Grandes Usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), abarcando las siguientes categorías:
- Grandes Usuarios Mayores (GUMA)
- Grandes Usuarios Menores (GUME)
- Grandes Usuarios de las Distribuidoras (GUDIS)
Para participar, los interesados deben cumplir dos requisitos técnicos fundamentales:
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Potencias Máximas Registradas: Deben ser mayores a 300 kW.
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Sistema de Medición: Es obligatorio contar con un sistema de medición y registro que permita la identificación horaria del consumo de energía activa.
El cumplimiento de estos criterios asegura la precisión en la contabilización de la energía no utilizada, que es la base para el cálculo de la retribución proporcional a percibir.
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Esquema voluntario y remunerado para GUMA/GUME. Recibirán ingresos por actuar como reserva ante la máxima demanda.
Justificación y antecedentes internacionales
En el texto oficial, el Gobierno justifica este nuevo esquema como una herramienta destinada a "generar señales económicas para incentivar la eficiencia energética, promover la generación competitiva de energía y mejorar la calidad de servicio en el sector eléctrico del SADI".
Para respaldar la viabilidad y la potencial eficacia del programa, la normativa apela a antecedentes internacionales exitosos en la gestión de la demanda. Estos programas han demostrado la capacidad de "trasladar la carga de mayor potencia de la red" y han tenido "muy buenos resultados" mediante incentivos vinculados a objetivos de ahorro. Específicamente, la resolución cita casos relevantes como los reportados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos de América (U.S. Energy Information Administration) en el Estado de California, los Programas de Eficiencia Energética de Energy del Reino Unido, y el Programa de Gestión de la Demanda de Brooklyn-Queens (BQDM).
El contexto de la demanda estacional y financiamiento
Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca fundamentalmente aplanar la curva de consumo en los picos estacionales, evitando así un potencial colapso del sistema que derive en apagones masivos, un riesgo latente en los veranos de alta temperatura.
No obstante, esta medida paliativa se da en un contexto de la necesidad de inversiones estructurales a largo plazo. Se estima un costo de US$6.500 millones para afrontar los proyectos necesarios de ampliación de las redes de alta tensión. El plan de la administración actual es trasladar este costo a las tarifas de los usuarios como vía para obtener el financiamiento requerido y resolver la presión crónica que el aumento de la demanda ejerce sobre la infraestructura eléctrica.
