Este jueves, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, informó que el Gobierno nacional convocará a audiencias públicas para analizar el esquema tarifario para la electricidad y el gas en el bienio 2022/2023, con el criterio de segmentación y con incrementos en base a los salarios.
Durante una conferencia de prensa llevada a adelante de manera virtual, Cerruti se refirió al esquema de segmentación de tarifas impulsado por el Poder Ejecutivo y aseguró que el plan se aplicará con "subsidios enfocados en los usuarios vulnerables y de menor capacidad de pago para el bienio 2022/2023", en línea con las negociaciones iniciadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Asimismo, la funcionaria agregó que el Gobierno impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, "las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios".
Según explicó, en dicho esquema estará centrado "el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios".
Entre los tres niveles que se prevén para el esquema de segmentación del bienio 2022-2023 se ubican, primeramente, los usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago, luego, los usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, y finalmente, el resto de los consumidores, cuyo incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año previo.
"Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto", detalló Cerruti.
Para los usuarios no residenciales, la propuesta del Poder Ejecutivo contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (GUDI), mientras que para el resto, se seguirá con una revisión tarifaria de acuerdo a la propuesta definida en la audiencia pública.