En 2019 existió una decisión preliminar que preveía eliminar los derechos antidumping pero mantener los derechos compensatorios, resolución que fue revertida para ambos aranceles al nivel original.
El gobierno de Alberto Fernández, en conjunto con el exportador de biodiésel LDC Argentina, iniciaron esta causa con el objetivo de que se revisaran estos aranceles a la baja, alegando un cambio de circunstancias.
Originalmente, tras una investigación de 2016, Estados Unidos sancionó a la Argentina con derechos equivalentes a casi un 150%, entre aranceles antidumping y antisubsidios, y además ordenó que el biodiésel se quedara afuera de ese mercado por cinco años.
Ahora el tribunal ratificó las barreras al rechazar el argumento de los demandantes argentinos, con respecto a que las conclusiones del Departamento de Comercio se basaban en especulaciones.
La Corte entendió que las conclusiones de esa repartición "se basaron en tendencias establecidas por pruebas sustanciales de antecedentes y circunstancias existentes".