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Subsidios energéticos: impulsan un cambio radical en las tarifas

Nación definió cómo será la quita de subsidios a los sectores más poder adquisitivo. Se debatirá la próxima semana en audiencias públicas. Se busca que el gasto sea más equitativo y eficiente. Hay dudas sobre la complejidad de su aplicación.

En sintonía con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda contraída por la administración de Mauricio Macri, el gobierno nacional avanzará la próxima semana en el demorado proceso de quita de subsidios energéticos a los segmentos más acomodados de la población y de segmentación de tarifas según el poder adquisitivo de los usuarios.

El esquema que impulsa el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se discutirá en audiencias públicas que se realizarán entre el martes y jueves próximos, junto con una segunda actualización de las tarifas.

Pese a que la propuesta aún debe pasar el filtro de la interna oficialista, y no plantea una relevante reducción de la montaña de subsidios que este año crecerá por el incremento de precios internacionales, ni una recuperación total de los costos tras dos años de congelamiento, servirá como punto de partida sobre el cual se busca construir un reparto de recursos más equitativo y eficiente.

El informe técnico que presentó la Subsecretaría de Planeamiento Energético para la audiencias señala que "en virtud de la crítica situación económica heredada, producto de las políticas implementadas por el gobierno anterior, que combinó una crisis de deuda, cambiaria y de ingresos a la que se sumó la pandemia global por COVID 19, el gobierno adoptó medidas de política económica que tuvieron como eje central preservar el poder adquisitivo de los hogares e incentivar la recuperación económica".

En ese sentido, se decidió congelar las tarifas de los servicios de jurisdicción federal por 180 días e intervenir los entes reguladores para auditar y renegociar la Revisión Tarifaria Integral (RTI).

Durante el año pasado se trabajó en conjunto con distribuidoras y cooperativas de servicios de todo el país para contar con información más detallada de los usuarios titulares de servicio residencial para afinar la asignación de subsidios, así como también con el Conicet y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), organismo encargado de coordinar el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismos públicos.

El informe oficial reivindica los subsidios como “un instrumento fundamental en pos de garantizar la inclusión energética”, pero señala que el esquema actual “posee espacios de mejora en términos distributivos”.

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Destaca que hoy los subsidios a la luz y el gas son universales bajo la lógica de minimizar la posibilidad de existencia de errores de exclusión. Salvo la tarifa social, no hay ninguna restricción ni diferenciación por condición económica.

En el caso de la energía eléctrica, el subsidio asignado por el Estado Nacional es una suma de pesos por cada megawatt consumido, que es constante y pareja para todos los suministros residenciales, independientemente de su capacidad de pago o ubicación geográfica. Es por esto que el monto depende de la cantidad de energía consumida de forma lineal. En el caso del gas natural, la diferencia surge entre el costo para el abastecimiento de la demanda prioritaria y el precio pagado por las personas en las tarifas.

El documento oficial indica que el “subsidio es pro-rico y progresivo: las personas de mayor ingreso resultan las más protegidas por la política. Es decir, los hogares de mayores ingresos tienen un mayor consumo energético que los hogares de menores ingresos y por lo tanto reciben un monto mayor de subsidios”.

Aunque en otro sentido los subsidios son progresivos, en la medida que para los hogares más pobres representa un porcentaje mayor de sus ingresos.

La estructura del consumo de electricidad y gas natural por decil muestra que, si bien el consumo es creciente con los deciles de ingresos, el gasto en energía en relación al ingreso es sustancialmente más alto para los hogares más pobres.

Por ejemplo, en el decil de más altos ingresos se destina un 0,9% de los ingresos al consumo de energía eléctrica y un 2,2% al consumo de gas natural. Es decir que a esos sectores más ricos se les puede quitar los subsidios sin afectar negativamente la capacidad de pago ni su bienestar. Por eso el gobierno apunta a que el sector más rico pague el costo pleno de la energía. Se trata del 10,1% de los usuarios del servicio eléctrico de AMBA y el 12,9% de los clientes de las distribuidoras de gas.

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El informe de la Subsecretaría de Planeamiento Energético señala que los errores de inclusión en la política de subsidios deterioran la eficacia del gasto público y la calidad de sus impactos, y generan distorsiones y externalidades negativas en el sector energético como el exceso de consumo de un recurso que no es percibido como escaso.

Además, se remarca que la balanza energética argentina es deficitaria de manera persistente desde 2011. Con vaivenes, y pese al incremento de la producción de Vaca Muerta, las importaciones de combustibles se han sostenido por encima de las exportaciones.

Para cubrir los picos de demanda, el país debe acudir a compras al exterior de combustibles líquidos, gas natural (de Bolivia) y barcos de GNL, cuyos precios que este año se dispararon por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Los subsidios impactan de manera significativa sobre las cuentas públicas. Las partidas destinadas desde el sector público a la cobertura de subsidios energéticos han sufrido aumentos notorios, impactando no sólo en el resultado fiscal (déficit primario) sino también en características que hacen a la calidad del gasto, sobre todo en relación con la progresividad o regresividad del mismo”, indica el informe.

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