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Al menos 800 MW asignados a proyectos renovables no se concretarán

Desde el sector de energías verdes advierten que no se cumplirán las metas de la ley de fomento si se quitan todas las adjudicaciones de los proyectos que no arrancaron y no se plantea un mecanismo que trabaje sobre los financiamientos.

Los últimos relevamientos de la Secretaría de Energía de la Nación indican que el país cuenta con 211 proyectos de energía renovables que están en marcha, de los cuales 142 operan comercialmente y el resto están en construcción. Resta contabilizar cuántos son los emprendimientos que quedaron a la deriva, que podrían sumar casi unos 2.000 MW si se tienen en cuenta la diferencia entre las proyecciones de los referentes del sector y lo que la Compañía Administradora del Mercado Maryorista Eléctrico (CAMMESA) cuenta como potencia instalada.

Determinar el destino de esos proyectos -algunos sí podrían reponerse de la falta de financiamiento y el freno forzado por la pandemia y otros no-, es lo que se propone hacer la la autoridad energética nacional antes de terminar el año.

“De las últimas rondas de licitación para generación renovable que se han hecho hay proyectos que no han comenzado. Les hemos dado un plazo necesario para observar por qué no han comenzado, y vamos a establecer la posibilidad de que esos desarrollos sean reemplazados por otros que sí se quieran llevar adelante; pero estamos viendo también los costos que han tenido esos proyectos para que no nos impacten de una manera negativa”, señaló el secretario de Energía, Darío Martínez, durante una conferencia virtual organizada por el Instituto Argentina del Petróleo y del Gas (IAPG).

El 2 diciembre venció el plazo de presentación de informes para los proyectos que si bien fueron adjudicados en la Ronda 3 del programa Renovar en agosto de 2019, siguen sin firmar los contratos. La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) tiene previsto pedir con una nota otra ampliación del plazo -ya fue prorrogado dos veces- porque no cambiaron ninguna de las condiciones y en muchos casos no pueden firmar porque no tienen aclarado cómo se podrán realizar los financiamientos.

Por otra parte, los proyectos que fueron adjudicados en las rondas 1, 1.5 y 2 y no han iniciado las obras o están suspendidas, serán analizados uno a uno por el equipo técnico que comanda Martínez. A diferencia con el MiniRen (así se conocer a los emprendimientos de la subasta 3 porque son de menor envergadura), las iniciativas que presentan dudas y pertenecen a las primeras rondas no tienen un fecha específica. Según los plazos que se plasmaron en los contratos, todos tendrían que estar o en construcción o en operación comercial, es decir que los que se pondrán bajo la lupa ya están en situación vencida.

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Algunos proyectos de energía renovable no cuentan con posibilidades de concretar su desarrollo y representan unos 800 MW.

Algunos proyectos de energía renovable no cuentan con posibilidades de concretar su desarrollo y representan unos 800 MW.

Hay dos clases de proyectos que hoy no están en construcción: los que no son viables y nunca lo fueron, y por lo tanto se van a caer indefectiblemente, y los que están con problemas de financiamiento por el cambio de condiciones desde que se licitaron hasta que se firmaron los contratos y se debían empezar a construir.

“Algunos proyectos no cuentan con posibilidades de concretar su desarrollo, es decir que hoy no son viables y no se van a construir. Esos suman aproximadamente unos 800 MW que deberían volver a estar disponibles para que el sector presente nuevas opciones con un programa especial que decida CAMMESA si es una nueva ronda Renovar o es bajo otra modalidad, pero sea bajo la modalidad que sea que vuelva a utilizarse esa capacidad de despacho para renovables sino no vamos a llegar de ninguna manera a cumplir la meta de cuota de la Ley 27.191 de Fomento para el Uso de Fuentes Renovables para la Generación”, consideró en diálogo con +e el consultor especialista en energía solar y directivo de la firma Aldar, Marcelo Álvarez.

“Después, tenemos los otros proyectos que sí tienen chances de continuar y debieran construirse si se trabaja sobre el financiamiento”, agregó el experto en energía renovable.

Para el año 2025 tendríamos que incorporar 10.000 MW de energías alternativas a las de origen fósil a la red eléctrica, con el objetivo de completar un 20% de la matriz energética argentina. Según Álvarez, para conseguir llegar a las metas que obliga la legislación vigente va a hacer falta que se reactive el sector de renovables “con financiamiento en términos razonables” y que se hagan “las inversiones necesarias para ampliar la capacidad de transporte en redes, para poder transportar a CAMMESA desde los centros eólicos y solares más competitivos, sobre todo desde los lugares donde mayor recurso hay”.

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Entre las renovables, la solar también sufrió el embate de la macro argentina y de la pandemia del 2020.

Entre las renovables, la solar también sufrió el embate de la macro argentina y de la pandemia del 2020.

La primera definición del Gobierno de Alberto Fernández para el sector fue que CAMMESA no acepte más contratos en dólares. La pandemia, luego, no hizo más que engrosar el listado de dificultades, que en rigor terminan siendo todas barreras para el financiamiento.

Las renovables están en la agenda de la cartera de Energía, y de hecho dijo Martínez en varias oportunidades “vinieron para quedarse”, pero -y esto también lo señaló más de una vez el secretario- “no se desarrollarán a cualquier costo”.

Los proyectos que actualmente no están en construcción tienen dos perfiles. Unos son los inviables y caerán indefectiblemente. Otros son los que tienen problemas de financiamiento, un mal de la macroeconomía argentina.

En este contexto, toman mayor importancia los pequeños emprendimientos enmarcados en la Ley de Generación Distribuida y en los contratos denominados MATER (Mercado a Término de Energías Renovables), ante la falta de nuevas licitaciones para proyectos grandes de parques eólicos y solares en el mediano plazo. La Ley 27.424 de Generación Distribuida permite a los usuarios del sistema eléctrico interconectado autogenerarse con energías que obtengan de la producción de paneles solares, tecnologías de biomasa y biogás, turbinas hidroeléctricas o aerogeneradores de baja potencia e inyectar el excedente de generación si lo hubiera a la red en todo el territorio.

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