El nuevo protocolo contra la violencia laboral en el Estado crea dos nuevos espacios de abordaje

A partir de una serie de denuncias contra funcionarios del Poder Ejecutivo por acoso y abuso sexual, el gobierno de la provincia reaccionó con velocidad: en primer lugar, se aceptó la renuncia de los subsecretarios señalados, al tiempo que se presentó un protocolo para prevenir y abordar situaciones de este tipo en caso de que se repitan. Con la publicación en el Boletín Oficial, este manual de abordaje ya funciona como una herramienta para resguardar a las potenciales víctimas en sus espacios de trabajo.

El “Protocolo para la Prevención, Intervención y Protección en Situaciones de Violencia Laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén" fue aprobado por el gobierno de la provincia y contempla la creación de dos espacios específicos que buscarán prevenir nuevos acosos de abuso sexual, acoso o violencia laboral dentro del Poder Ejecutivo. También, la redacción propone distintos métodos de abordaje en caso de que se produzcan nuevas denuncias, con cuidado de no revictimizar a las personas afectadas por estas situaciones.

De esta manera, está previsto que exista una Oficina de Intervención ante la Violencia Laboral, que dependerá del Ministerio de Economía. A su vez, se creará una Comisión de Prevención de la Violencia Laboral que estará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete o los organismos que reemplacen sus funciones en caso de que se produzca una reestructuración de las carteras.

Si bien la perspectiva de género atraviesa la redacción del protocolo, los nuevos ámbitos de prevención e intervención no formarán parte del ministerio de Mujeres y Diversidad. "El procedimiento deberá incorporar una perspectiva que permita identificar las relaciones de poder desiguales entre los géneros y jerarquías, las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, los estereotipos de género y las normas de género, sociales y culturales que consienten y legitiman la violencia y el acoso sexual", señala el documento, y agrega que "se respetará la identidad de género auto percibida por la persona afectada tanto en las entrevistas como en los registros elaborados".

Según está previsto, se respetará el trato digno y la confidencialidad hacia las personas que denuncien violencia, acoso, situaciones de discriminación o cualquier otro tipo de hostigamiento en el ámbito laboral, tanto entre los empleados fijos del Poder Ejecutivo como aquellos que tengan vínculos laborales con parte del equipo por proveer productos o servicios de manera frecuente.

Se tiene en cuenta no sólo lo violencia verbal o física hacia los denunciantes sino otras formas de agresividad, que incluyen la violencia psicológica, la violencia económica o patrimonial, el acoso o abuso sexual y hasta el cyber acoso o a través de ámbitos digitales. En el análisis de cada caso, se tendrá en cuenta la intensidad de los hechos denunciados y si existen o no relaciones de poder entre el denunciante y la persona señalada para considerar si hubo algún abuso de autoridad. Por otro lado, se analizará también los efectos nocivos que tuvieron los hechos en la salud física y psicológica del denunciante.

Con relación a los nuevos espacios, se establece que la Oficina de Intervención esté conformada por un equipo de trabajo que incluya un abogado, un especialista en trabajo social, un psicólogo, un profesional en relaciones laborales o recursos humanos y un profesional del área de salud ocupacional, todos de género indistinto, pero con formación comprobada en perspectivas de género.

La comisión de prevención, que dependerá de la Jefatura de Gabinete, también estará formada por profesionales con experiencia de derechos humanos y perspectiva de género. Incluirá a cinco funcionarios, que representarán diferentes aspectos: uno con competencia en derechos de las mujeres, otro especializado Diversidad, un tercero con incumbencia en trabajo, otro en empleo público y el último en derechos humanos. No podrán ser parte de este equipo los funcionarios denunciados por violencia o acoso. Tampoco los deudores alimentarios o aquellos que tengan antecedentes penales.

El protocolo ya aprobado fue presentado la semana pasada por el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso, como respuesta a los casos de denuncias por acoso y abuso sexual contra dos subsecretarios del Poder Ejecutivo. Luego de que se hicieran públicas las denuncias, el Ejecutivo otorgó licencias de 45 días en ambos casos para que pudieran ejercer su derecho a la defensa en el proceso judicial. Sin embargo, los funcionarios pusieron sus renuncias a disposición del gobernador, que finalmente las aceptó y avanzó con su desvinculación de la administración pública.

“Este protocolo es fruto de un trabajo en equipo que se viene dando hace varios meses de manera silenciosa”, indicó Ferrareso. Destacó que uno de los objetivos principales para este trabajo es “aprobar este protocolo por decreto y lograr tener un protocolo unificado en todo el Ejecutivo provincial para que después puedan adherir los municipios y también los distintos poderes del estado”.

Indicó que “es fundamental para nosotros contar con esta herramienta que busca promover una estructura basada en el respeto mutuo y en la dignidad humana para fomentar ambientes de trabajo libres de discriminación, libres de violencia, libres de acoso, libres de maltrato”.

“Esto es un antes y un después, era una deuda pendiente y seguramente este protocolo puede perfeccionarse”, dijo la ministra y agregó que “para nosotras, como mujeres, es un día muy importante porque este protocolo nos va a proteger, nos va a brindar herramientas para evitar que en distintos ámbitos laborales se vulneren o se invisibilicen las vulneraciones de derechos”.