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El gobierno ya piensa en una ley y en exportar petróleo

Martínez habla de un marco jurídico que le dé certezas al sector. El gobierno nacional ve en el crudo otra solución para la macro.

Con el escenario de la producción de gas en etapa de resolución, el gobierno nacional empieza a darle nuevo impulso a la discusión de la postergada ley para el sector petrolero. Cree que ese instrumento le permitiría acceder a otra llave para descomprimir algo más la macroeconomía a través del ingreso de dólares más rápidos por posibles inversiones en el sector petrolero.

Hay cerca de 200.000 barriles adicionales de producción que podrían inyectarse en los sistemas de transporte hoy ociosos, y ese es un dato que evalúan en el ministerio de Economía de Martín Guzmán, que ahora tiene en su órbita la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hay muy buenas oportunidades para el petróleo”, planteó esta semana el secretario de energía de la Nación, Darío Martínez, en las horas previas a la subasta del Plan Gas.Ar, el nuevo esquema para la producción en Argentina.

Es que la suba de los últimos 15 días del precio del crudo (hoy en la línea de los 47/48 dólares) impulsó el debate de las exportaciones y todo lo pendiente que está el contexto jurídico que permitiría redoblar la apuesta en este segmento de la producción, en la medida que la demanda mundial empiece a salir de la actual crisis histórica.

Con todo, en medio de uno de los peores momentos, Vaca Muerta, gracias a la estructura de negocios de las grandes petroleras con bloques en Neuquén, consiguió exportar en julio pasado el 40% de su producción. Referentes de la industria como Daniel De Nigris (ExxonMobil) y Miguel Galuccio (Vista Oil & Gas), plantearon sus posición acerca de las buenas posibilidades para el crudo de Vaca Muerta.

Este año, en un escenario de crisis, las principales operadoras encontraron en nichos puntuales el mercado en Brasil, Noruega y Estados Unidos, para citar algunos de los destinos del shale oil neuquino en el 2020; las chances que la demanda doméstica les retaceó.

El primero en hablar de un marco normativo que le dé certezas a las inversoras del shale, fue Guillermo Nielsen. Fue en el Precoloquio IDEA Vaca Muerta de junio pasado; todavía no era presidente de YPF, y ni siquiera habían transcurrido las PASO, cuando habló de poner en un pie de igualdad jurídica y fiscal las áreas neuquinas con las de Permian (en Estados Unidos). Luego de asumir, el presidente Alberto Fernández, llegó a decir que la nueva ley para el sector estaba siendo analizado por su Gabinete. Todavía restaba el acuerdo con los tenedores privados de deuda (como ahora resta saldar el frente externo con el FMI).

La llegada de la pandemia postergó la agenda de un proyecto que, de hecho, no fue nunca presentado, aunque circularon varias borradores. Esos supuestos proyectos no tuvieron un reconocimiento oficial, o lisa y llanamente, fueron desmentidos. Acaso la nueva ley se mueva ahora al ritmo de las necesidades acuciantes de la macroeconomía, que podría encontrar en una ley ciertas garantías que reclaman las petroleras. Después de todo, era el escenario que a principios de 2019 Neuquén esperaba: una producción de 230 mil barriles diarios para este momento y saldos exportables.

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