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El Plan Gas vendrá con un desafío fiscal para el gobierno

El descongelamiento de las tarifas que anticipó Darío Martínez es parte del camino para hacer viable el pago del nuevo esquema de precios para la producción.

El lanzamiento de una versión actualizada del Plan Gas 4, que al cierre de esta edición no había sido oficializado por decreto, cayó bien en el seno de las petroleras. Pero el diablo está en los detalles y podría meter la cola en varios frentes.

En principio, en las presentaciones del Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino, armado bajo un Esquema de oferta y demanda de gas natural 2020-2023, no terminan de quedar en claro de dónde surgen los números sobre el costo fiscal y el ahorro que tendrá el Estado por implementar el programa. Más concretamente, no se especifica cómo tendrán impacto los precios en las tarifas, algo crucial para la viabilidad del esquema.

El costo fiscal previsto es de USD 1491 millones en el primer año, alcanza los USD 3889 millones hasta 2023, cuando terminaría el primer mandato del presidente, Alberto Fernández, y totaliza USD 5062 millones hasta 2024, plazo que era el originalmente proyectado hasta que el Gobierno dejó el manejo de la Energía en manos del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por lo menos para 2021, el secretario de Energía, Darío Martínez, ya adelantó que descongelarán las tarifas de luz y gas para quienes puedan pagar más. En la presentación del Presupuesto, Guzmán anticipó que las tarifas aumentarían el año que viene en línea con la inflación (29% proyectada) para que los subsidios no crezcan en términos reales en la comparación con el Producto Interno Bruto (PIB).

De acuerdo a un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los subsidios a la energía treparán al 1,7% del PIB este año y se mantendrán en ese mismo orden en 2021, el nivel más alto desde 2016. En aquel entonces, empezó a repercutir el incremento de las tarifas ordenado por la administración de Mauricio Macri, que heredó en 2015 un nivel de subsidios equivalente al 2,3% del PIB y lo elevó a 2,6% en su primer año, mientras la Corte Suprema de Justicia obstaculizó la primera suba de tarifas y la derivó a audiencias públicas.

Sin contar los impuestos, en las facturas de gas a nivel nacional, aproximadamente un 60% corresponde al costo mayorista del combustible y el 40% restante a lo que cobran las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas.

Por eso la determinación del costo mayorista del gas natural es crucial para definir las tarifas y los subsidios. El Tesoro Nacional cubrirá con transferencias corrientes la diferencia entre los precios de la subasta, que se realizaría en noviembre, y el costo del gas que sea trasladado a la tarifa.

Hoy las productoras reciben de las distribuidoras unos USD 2,40 por cada millón de BTU entregado, ya que el precio efectivo, cercano a los USD 4,60, fue pesificado a un tipo de cambio de $ 41 por dólar, cotización promedio vigente en los primeros 15 días de marzo de 2019. Para diciembre de 2021, el Gobierno prevé que el dólar oficial esté en $ 102,40, por lo que las petroleras apenas percibirían en torno a USD 1,85 por millón de BTU, de no mediar cambios en ese sentido. Claro que eso depende de que el Gobierno aguante las actuales presiones cambiarias y no termine devaluando la moneda con un salto en el tipo de cambio formal, que haría trizas esas proyecciones y dispararía los subsidios.

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El borrador del decreto trabajado por la Subsecretaría de Hidrocarburos, hasta esta semana conducida por Juan José Carbajales pero que quedará en cabeza de Maggie Videla Oporto, establece que el precio máximo para la subasta en promedio será de USD 3,35 por millón de BTU (para la Cuenca Neuquina será de USD 3,70), ajustable por un Valor Presente Neto de 10% en dólares. Es decir, que el Estado tendrá que subsidiar entre 1 y 1,50 dólares por millón de BTU el año que viene para no tener que ajustar el segmento del costo mayorista en las boletas que llegan a los usuarios finales.

Vale recordar que en enero de 2019, el anterior Gobierno decidió aplicar un recorte sobre los estímulos de la Resolución 46/2017, mayormente canalizados a Tecpetrol, la productora que brilló en Vaca Muerta con Fortín de Piedra. En ese momento, ajustó a USD 700 millones por año un incentivo fiscal que iba a llegar a los USD 1200 millones, con un dólar en torno a los $ 40.

Con una elevada brecha cambiaria y el Fondo Monetario Internacional (FMI) supervisando las cuentas, no son pocos los que desconfían de los números del Plan Gas 4, lo que podría ser una señal de incertidumbre para los inversores.

Por lo pronto, el Gobierno avanza hacia un 2021 con "tarifas de transición", sin realizar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) hasta fin del próximo año, con vigencia desde los primeros meses de 2022.

Así las cosas, se tornará urgente tener una garantía privada de que el Estado podrá pagar a las productoras para que tengan ingresos en su caja y puedan seguir invirtiendo los USD 5000 millones que, se estima, destinarán como consecuencia de este Plan Gas 4.

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